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Resumen: Un batallón de Cúcuta quedó bajo la lupa de la Fiscalía por el manejo de los recursos para desplazamientos en 2025. Aquí están los detalles del proceso.
Puntos clave
- Un capitán y seis sargentos de un batallón en Cúcuta fueron imputados por la Fiscalía.
- Los hechos habrían ocurrido entre enero y abril de 2025.
- La afectación a los recursos públicos superaría los 10 millones de pesos.
- Ninguno aceptó los cargos y tienen medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Un capitán y seis sargentos de un batallón de operaciones terrestres del Ejército en Cúcuta fueron imputados por la Fiscalía por presuntamente cobrar viáticos de desplazamientos que no se habrían realizado o que no correspondían con las comisiones autorizadas.
Según la investigación, los hechos relacionados con los viáticos ocurrieron entre enero y abril de 2025 y habrían causado una afectación a los recursos públicos superior a 10 millones de pesos.
Ninguno de los siete uniformados aceptó los cargos. Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La cifra corresponde a un periodo de solo cuatro meses de 2025, según la información entregada por la Fiscalía.
Los viáticos son los recursos que se reconocen a un servidor público para cubrir alojamiento, alimentación y transporte cuando debe cumplir una comisión de servicio fuera de su sede habitual. Por eso, cada pago exige documentos que soporten el viaje.
¿Quiénes son los militares imputados?
La Fiscalía identificó al capitán Carlos Andrés; a los sargentos primeros Julián Mauricio y Carlos Armando; al sargento viceprimero Édgar Armando; y a los sargentos segundos Javier Enrique, John Fredy y Luis Eder.
Para la época de los hechos, los uniformados se desempeñaban como oficiales y suboficiales en diferentes áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón.
¿Cómo habrían operado los viáticos falsos?
De acuerdo con el ente acusador, los siete habrían intervenido en la elaboración, presentación y legalización de documentos sobre misiones de trabajo que justificaban supuestos desplazamientos a distintas ciudades del país. El propósito, según la Fiscalía, era obtener el reconocimiento y el pago de los viáticos.
La investigación encontró registros que habrían sido adulterados sobre supuestos viajes de militares que estaban en situaciones administrativas o que no cumplieron las comisiones de servicio reportadas en otras ciudades.
También detectó contradicciones entre las actividades descritas en los informes y los registros institucionales de las unidades militares donde debían cumplirse esas comisiones.
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Capturas y medida de aseguramiento
Los siete uniformados fueron detenidos por el CTI y la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército. Las capturas se realizaron en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta.
Tras la imputación, un juez de control de garantías en Cúcuta impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Los militares tienen prohibido salir del país y comunicarse con los testigos del caso mientras avanza el proceso judicial.
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Ser imputado no equivale a ser condenado: los siete militares conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.
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