¡Sin licitación ni justificación! Imputan a exsubsecretario de Movilidad por millonario contrato de obras públicas

Mauricio Alonso Zuleta, exsubsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de Medellín, fue judicializado por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato interadministrativo por más de 16.000 millones de pesos, destinado a la adecuación del espacio público y reparcheo de vías en la ciudad.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cargo que no fue aceptado por el procesado.

El contrato, celebrado entre el 28 y 29 de junio de 2023, tenía como objetivo delegar a Metroplús la ejecución de obras que incluían demolición de estructuras existentes, excavaciones, movimientos de tierra, construcción de bahías, pavimentos rígidos y flexibles, adecuación de andenes y parcheo de huecos. Los trabajos estaban previstos en la comuna 10 de Medellín y en los barrios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.

Según la investigación, la Secretaría de Movilidad no estaba facultada para ejecutar este tipo de contrato de obra, cuya responsabilidad correspondía a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros. Además, el acuerdo se habría tramitado bajo la modalidad de selección directa, cuando por su millonaria cuantía debía haberse licitado públicamente.

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La Fiscalía también encontró que no se realizó un análisis riguroso del sector, y que en los estudios previos al contrato no se justificó de manera adecuada el presupuesto oficial, que, según los indicios, se habría definido en un solo día.

Otra irregularidad detectada fue que el contrato se firmó durante la vigencia de la ley de garantías, que prohíbe la celebración de convenios o contratos administrativos para la ejecución de recursos públicos cuatro meses antes de procesos electorales.

Por los mismos hechos, la Fiscalía ya había imputado a otros cuatro exfuncionarios: Juan Carlos Torres, exsecretario de Movilidad; Estefanya Cuervo, exsubsecretaria legal de la misma dependencia; Rubén Darío López, exdirector Técnico de la Secretaría de Infraestructura de Medellín; y Santiago Ortega, contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

Con esta judicialización, la Fiscalía busca esclarecer las presuntas irregularidades en uno de los contratos más importantes de movilidad y espacio público de la ciudad durante la administración 2020-2023.