Miguel Quintero habría recibido llamadas extorsivas en Cómbita, denunció su defensa

La defensa de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, pidió a la Fiscalía investigar unas llamadas extorsivas y presuntas amenazas que habría recibido desde su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La denuncia se conoció el 11 de noviembre de 2026.

El abogado Felipe aseguró que quienes llamaron se hicieron pasar por funcionarios del juzgado de Medellín que lleva el expediente y que decían conocer detalles del caso. Según su versión, a Miguel Quintero y a su esposa les ofrecieron gestionar favores dentro del proceso judicial a cambio de dinero.

¿Qué dicen las llamadas denunciadas?

De acuerdo con la defensa, en una de las grabaciones se habla de supuestas sumas de dinero, llamadas «galones», para tramitar documentos que facilitarían el traslado a una cárcel de Antioquia. En el mensaje también se mencionan informes y un correo para enviar la información.

El abogado indicó que su cliente se negó a pagar y que, desde entonces, las comunicaciones subieron de tono y se volvieron amenazantes. Por eso pidió que las autoridades establezcan quiénes están detrás de las llamadas, verifiquen su alcance y adopten medidas para proteger la vida e integridad del procesado.

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El defensor también denunció que ha sido víctima de «acosos de hostigamientos reiterados y sistemáticos» que, según dijo, buscan afectar el derecho de defensa técnica. Esos hechos, añadió, ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, a la que le pidió una investigación «seria y rigurosa».

Las afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y, por ahora, no se conoce un pronunciamiento de la Fiscalía ni del Inpec sobre la denuncia. Las grabaciones y la identidad de quienes harían las llamadas no han sido verificadas por las autoridades.

El proceso contra Miguel Quintero y su traslado a Cómbita

Miguel Quintero es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la administración de su hermano. Por esos hechos fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El 2 de octubre de 2026 un juez de control de garantías le había dado detención domiciliaria. Sin embargo, el 30 de octubre un juzgado de Medellín revocó esa decisión y ordenó que cumpliera la medida en prisión, tal como se informó en la nota sobre la orden de llevar a Miguel Quintero a la cárcel. Ese mismo día fue trasladado a Cómbita, un establecimiento de máxima seguridad.

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Tras el traslado, su defensa buscó acercarlo a Antioquia. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación negó el cupo en el pabellón para funcionarios públicos de la cárcel de Yarumito, en Itagüí, al considerar que no tiene la condición de servidor público que exige ese establecimiento.

Además, el abogado indicó que sigue sin conocerse la decisión sobre una tutela presentada para pedir su traslado a una cárcel de Medellín o de Antioquia. Esa solicitud toma mayor relevancia con la nueva denuncia, pues la defensa sostiene que su cliente enfrenta riesgos de seguridad mientras permanece recluido.

Mientras avanza el proceso, Miguel Quintero seguirá privado de la libertad en Cómbita. Hasta ahora no ha sido condenado y la Fiscalía deberá determinar si las llamadas denunciadas por su defensa tienen fundamento.

Ante amenazas o intentos de extorsión, las autoridades recomiendan no entregar dinero, no compartir datos personales o del proceso judicial por teléfono, conservar las grabaciones o mensajes recibidos y denunciar ante la Fiscalía o la línea 165 del Gaula.