JEP imputa a 11 excomandantes de las Farc por violencia sexual: hay 743 víctimas

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las Farc por violencia sexual, esclavitud sexual, de género y persecución contra la población civil durante el conflicto armado. La decisión, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, se construyó con los relatos de 743 víctimas acreditadas.

La imputación es resultado de tres años de investigación del Subcaso 01 del Caso 11, que examina los crímenes cometidos por las extintas Farc contra civiles por razones de género, sexo, orientación sexual e identidad de género. La pesquisa, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, se abrió en septiembre de 2023 a petición de las víctimas y sus organizaciones, y también tuvo en cuenta 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.

De las 743 víctimas, 573 son mujeres (incluidas 18 trans) y 81 son hombres (seis de ellos trans). Además, 272 eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos. A los 11 comparecientes también les imputaron homicidio, violación, tortura, desplazamiento forzado y tratos crueles, crímenes que por su gravedad no pueden recibir perdón judicial.

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¿Quiénes son los excomandantes de las Farc imputados?

Según la JEP, los 11 comparecientes fueron identificados como máximos responsables por mando o autoría directa. Se trata de antiguos comandantes de frente, miembros de estados mayores e integrantes de los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, y del Comando Conjunto Central. Ninguno había estado en la cárcel por estos crímenes.

Del Bloque Sur fueron imputados Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’, y Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’. Del Bloque Oriental, Élmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Bertulfo Caicedo Garzón, alias ‘Alberto Pitufo’, y Jaime Vásquez Calderón, alias ‘Arquímedes’, responsable de la oficina de quejas y reclamos de las Farc en Vista Hermosa (Meta) durante la zona de distensión.

Del Bloque Noroccidental, Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’, y Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias ‘Anderson’. Del Comando Conjunto Central, Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, y Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’. Y del Bloque Occidental, Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias ‘Javier Guzmán’, y Reinel Natalio García Mojica, alias ‘Ricardo el Pija’.

La Sala encontró que estos excomandantes de las Farc fueron responsables por no prevenir, investigar ni castigar a sus subalternos, que cometieron los crímenes directamente. Otros son autores directos. La mayoría de los autores materiales murió en la guerra.

¿Cuáles fueron los patrones de estos crímenes?

La JEP determinó que no fueron hechos aislados, sino dos patrones criminales. El primero, crímenes por el hecho de ser mujer: violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres civiles en viviendas, fincas, caminos y ríos. El segundo, violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, a quienes la guerrilla buscó castigar, «corregir» o expulsar de los territorios.

La investigación también documentó hechos de especial gravedad, como la violencia sexual usada para castigar a quienes incumplían las reglas de la guerrilla o eran señalados de colaborar con grupos enemigos. En la justicia ordinaria, de 2.222 procesos por estos crímenes atribuidos a las Farc, el 91 % no llegó a juicio y el 78 % no pasó de las primeras etapas de investigación.

Entre los casos documentados está el de una niña de 12 años víctima de esclavitud sexual en El Tambo (Cauca), obligada a convivir cuatro años con un comandante guerrillero; su padre fue torturado y asesinado cuando intentó rescatarla. También el de una comerciante de Santa Isabel (Tolima), violada en grupo por integrantes del Frente 21 que la acusaban de ser «auxiliadora del Ejército».

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¿Qué sigue tras la imputación?

Los 11 imputados tienen 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades atribuidas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen 85 días hábiles para presentar observaciones.

Si reconocen su responsabilidad, la JEP convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad y la Sala emitirá una Resolución de Conclusiones con sanciones restaurativas que no incluyen cárcel. Si lo niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación y, de ser hallados responsables en un juicio, podrían pagar hasta 20 años de prisión.

La decisión completa está en el comunicado oficial de la JEP.