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    Iñaki Urdangarin, Yerno del Rey de España, se declararía culpable para eludir la prisión

    El abogado de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey de España casado con la infanta Cristina, ha planteado a la Fiscalía la disposición de su cliente a declararse culpable de los hechos delictivos que se le imputan a cambio de que le pidan una condena inferior a dos años con lo cual, al carecer de antecedentes penales, no ingresaría en prisión.

    Tres cuartos de lo mismo ha hecho el letrado de su socio Diego Torres. Aunque cada una de las dos defensas –Pascual Vives y González Peeters– se ha dirigido por separado al Ministerio Público, lo cierto es que se trata de una acción concertada.

    Tanto uno como otro justiciable se comprometen a devolver el dinero público distraído en Valencia y Baleares. Anticorrupción sólo se plantearía negociar si se le indica dónde están los fondos evadidos a paraísos fiscales.

    Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres se han puesto en contacto en las últimas semanas con la Fiscalía Anticorrupción para trasladar, de manera aparentemente independiente pero coordinada en el fondo, el mensaje de que están dispuestos a declararse culpables mediante un acuerdo de conformidad a cambio de eludir su ingreso en prisión.

    Mientras el Ministerio Público y la Policía Judicial continúan desentrañando la telaraña societaria y contable en el extranjero del duque de Palma y de su otrora íntimo amigo, sus respectivos abogados han realizado una aproximación a la Fiscalía al considerar que, con los elementos que atesoran los investigadores, el ingreso en la cárcel de sus clientes es “irreversible”.

    Este martes, Manuel González Peeters ha afirmado que nunca ha ofrecido pacto alguno a la Fiscalía anticorrupción, pero no ha querido precisar si sopesa con su cliente esa posibilidad.

    “Yo no he tenido ninguna reunión con la Fiscalía”, se ha limitado a afirmar el abogado de Diego Torres en declaraciones a la agencia Efe. El letrado no ha querido pronunciarse sobre si baraja esa posibilidad dentro de su estrategia de defensa.

    El principal delito que les atribuye a ambos el Ministerio Público, el de malversación de caudales públicos por quedarse con la mayoría de fondos que les otorgaron los gobiernos autonómicos balear y valenciano para la organización de una serie de ciclos de conferencias, tiene una pena que oscila entre los tres y los seis años.

    Por lo que, aun en el supuesto de que fueran condenados en su variante más leve y pese a que ninguno de los dos cuenta con antecedentes penales, ingresarían en prisión.

    Entramado societario

    Iñaki Urdangarin (der) junto con su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres (izq)

    En estos momentos ya ha quedado acreditado por parte de los fiscales y del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía que Urdangarin y Torres destinaron a los actos en sí una pequeña parte de los siete millones de euros públicos que percibieron por la organización de las tres ediciones del Valencia Summit y las dos del Illes Balears Fórum.

    El primero, concebido oficialmente para analizar “el impacto de los grandes eventos en las grandes ciudades”. Y el segundo diseñado teóricamente para “investigar la relación entre el Turismo y el Deporte”.

    Y que el resto del dinero, que en la mayoría de las ediciones de estos ciclos de conferencias asciende a más de la mitad del millón de euros adjudicado sin que mediara el preceptivo concurso, se lo desviaron con facturas falsas a un entramado de sociedades instrumentales controlado por ellos.

    En una de las principales empresas pantalla, la promotora Aizoon, en la que colocaron al menos 750.000 euros procedentes del Instituto Nóos, se encuentra como accionista y secretaria del Consejo de Administración la Infanta Cristina.

    El acercamiento

    Durante los primeros contactos establecidos a lo largo del último mes, los letrados Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters han hecho llegar a Anticorrupción la intención de sus clientes de alcanzar un acuerdo.

    En estas conversaciones preliminares ya han avanzado que admitirán la comisión de los tipos delictivos que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción –prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad documental–.

    Pero también que devolverán el dinero que hurtaron a las arcas públicas de Valencia y Baleares en la cantidad que estime oportuna la comisión judicial.

    A cambio exigen, eso sí, que el Ministerio Público, representado en este proceso por el fiscal Pedro Horrach, no solicite para ambos una pena superior a dos años para, de esta manera, eludir la prisión.

    En un principio, la intención de Urdangarin y Torres pasaba por plantear esta cuestión de manera conjunta a la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, Pascual Vives, que según aseguran fuentes próximas al duque de Palma utilizó en los primeros contactos con el Ministerio Público a un intermediario, así como González Peeters, han optado por plantear la negociación por separado.

    La respuesta inmediata del Ministerio Público a las defensas del marido de la Infanta Cristina y de su socio ha pasado por limitarse a escuchar las propuestas de ambos sin avanzar en ningún momento si está dispuesto a aceptar el pacto.

    Asimismo, los letrados de los dos principales imputados han propuesto confeccionar un borrador con los hechos delictivos que se encuentran dispuestos a admitir.

    Eso sí, de cara a las próximas reuniones entre ambas partes, que están señaladas a lo largo del mes de mayo, Anticorrupción ya les ha anticipado que sólo escuchará sus propuestas si en la confesión que aseguran estar dispuestos a realizar aportan datos novedosos de la trama que urdieron para desviarse fondos públicos con facturas ficticias y colocarlos a buen recaudo en paraísos fiscales como Belice, Suiza o Luxemburgo.

    En este sentido, los investigadores plantean como condición ‘sine qua non’ para sentarse a hablar que tanto el duque de Palma como Torres revelen al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma dónde está la totalidad del dinero que recaudaron con el Instituto Nóos y que colocaron en el extranjero a nombre de testaferros. Lo que el juez José Castro denomina “estructuras societarias fiduciarias”.

    Y es que hasta el momento sólo ha sido hallada una pequeña parte de lo recaudado por el “instituto sin ánimo de lucro” que dirigían en las cuentas de una tapadera que adquirieron ambos en Belice bajo el nombre de De Goes Center for Stakeholder Management y a cuyo frente colocaron a un testaferro panameño al que pagaban 150 euros al mes.

    A esta sociedad le adjudicaban contratos millonarios desde el Instituto Nóos e hicieron firmar al fiduciario Gustavo Alberto Newton un documento por el cual otorgaba plenos poderes a Torres para sacar el dinero de las cuentas bancarias. Tanto a nombre de De Goes Center como al de su matriz Blossomhills Assets abrieron cuentas bancarias en Luxemburgo en las que depositaron al menos un millón de euros procedentes de las arcas de Nóos.

    En plena investigación judicial del caso Urdangarin, la Fiscalía Anticorrupción ya ha descubierto que estos depósitos bancarios han sido vaciados completamente mediante salidas de fondos en efectivo. Por lo tanto, uno de los extremos que en estos momentos intenta determinar la comisión judicial pasa por encontrar dónde han escondido Urdangarin y su socio este dinero.

    De manera paralela, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha denunciado al juez Castro que la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, se desvió hace apenas cuatro meses 282.000 euros de un fondo de inversión suizo a una cuenta bancaria que abrió ad hoc en España. Con los fondos en este depósito, Tejeiro procedió a retirarlos en efectivo y a colocarlos en dos nuevas cuentas radicadas en Alicante y en Barcelona.

    Este dinero, a la espera de que aparezca el resto, ya está en trámites de ser bloqueado por el magistrado que instruye el caso para evitar que desaparezca.


    Con información de elmundo.es

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