Corte Constitucional avala emergencia económica por el terremoto, pero le pone límites al Gobierno

La Corte Constitucional le dio luz verde al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que decretó el Gobierno nacional tras el terremoto del pasado 10 de agosto, aunque con condiciones que acotan su alcance territorial y el uso de los recursos.

La decisión quedó consignada en la sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, y fue anunciada este martes en una declaración de la Sala Plena liderada por la presidenta de la corporación, Paola Andrea Meneses Mosquera. El alto tribunal revisó el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto, con el que se declaró la emergencia por grave calamidad pública en parte del territorio nacional, y el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó su ámbito territorial.

La emergencia solo cobija a los municipios afectados

De acuerdo con la Corte, la declaratoria aplica únicamente para los municipios que, según el reporte situacional número 54 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), registraron afectaciones por el sismo y su secuencia de réplicas. Para incluir otros municipios de los departamentos señalados, el Ejecutivo deberá demostrar de manera precisa y con soporte técnico que también sufrieron una afectación concreta.

El tribunal también dejó claro que la emergencia no habilita la adopción de medidas estructurales ni permite atender problemas anteriores al 10 de agosto, en particular los del sistema penitenciario y carcelario. Las obras de reconstrucción solo podrán adelantarse si el Gobierno demuestra que los mecanismos ordinarios no alcanzan y que las intervenciones están directamente relacionadas con la fase de rehabilitación de las zonas golpeadas.

Freno al uso de los recursos

En materia económica, la Sala Plena ordenó que los dineros de la emergencia no podrán destinarse a gastos ajenos a la calamidad ni a financiar el déficit fiscal. Además, le dio al Ministerio de Hacienda un plazo de 20 días hábiles para recalcular el costo total de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias para financiarla.

Las entidades que ordenen gastos deberán explicar, mediante acto administrativo, por qué no es posible acudir a medios ordinarios de financiación, y el Gobierno deberá crear un mecanismo separado para administrar y ejecutar los recursos, que permita a los organismos de control hacer seguimiento permanente a su destinación.

La Corte también exhortó al presidente Abelardo de la Espriella a adoptar y ejecutar el plan de acción específico para la recuperación de las zonas afectadas, con una planeación de los recursos a varios años y con la continuidad del régimen especial durante las tareas de rehabilitación y reconstrucción.

La decisión fue adoptada con siete votos a favor. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente su voto y Vladimir Fernández Andrade presentó una aclaración.

La emergencia fue decretada por el Gobierno nacional después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto y dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. Inicialmente cobijó 15 departamentos; después el Decreto 1348 incluyó a Caquetá y Santander y excluyó a Putumayo.

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