Perú aprueba una solicitud de extradición del expresidente Toledo

La Corte Suprema de Justicia de Perú aprobó hoy enviar a Estados Unidos la solicitud de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por presuntamente recibir un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

La Sala Penal Permanente votó en forma unánime a favor de la solicitud planteada por el juez Richard Concepción Carhuancho por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión, de acuerdo a la resolución publicada en la web del Poder Judicial.

El juez supremo César San Martín presidió la Sala Penal Permanente que emitió la decisión consultiva, que dispuso que se remita el cuaderno de extradición de Toledo al Ministerio de Justicia para su tramitación.

Con la solicitud aprobada por el Poder Judicial, el Gobierno peruano debe ratificarla en Consejo de Ministros antes de que pueda ser enviada, a través de la Cancillería, al Departamento de Justicia de Estados Unidos para lograr la repatriación de Toledo y ponerlo a disposición de los juzgados.

El exmandatario, residente en Estados Unidos, tiene una orden de detención por 18 meses, dictada en febrero del año pasado, a raíz de las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata a la justicia peruana y brasileña que lo incriminaron.
Odebrecht entregó el soborno al expresidente, entre 2004 y 2010, para ganar la licitación de dos tramos de la carretera Interocéanica sur, según declaró Barata.

Toledo estuvo investigado además en los últimos años por las compras de casas y oficinas hechas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de la empresa Ecoteva, creada por su amigo Josef Maiman y su suegra Eva Fernenbug en Costa Rica.

Maiman ha confirmado a la fiscalía peruana que prestó sus cuentas a Toledo y que los fondos, procedentes de cuentas de Odebrecht, eran derivados a Ecoteva.

En Perú, el caso Odebrecht se ha centrado en seguir el rastro de los millonarios sobornos que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse obras entre 2005 y 2014, además de los aportes ilegales a políticos peruanos.