Foto de archivo.
La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra una médica del municipio de Angostura, en Antioquia, por presuntas irregularidades en la atención de una menor de edad que habría manifestado ser víctima de violencia sexual.
De acuerdo con la información entregada por el organismo de control, los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, cuando la profesional de la salud habría omitido activar de manera inmediata los protocolos establecidos para este tipo de casos y no habría informado oportunamente a las autoridades competentes.
La investigación disciplinaria señala que presuntamente tampoco se aplicaron de forma adecuada los procedimientos relacionados con la cadena de custodia de elementos materiales probatorios y evidencia física, contemplados en el Código de Procedimiento Penal.
Según la Procuraduría, esta situación pudo afectar el desarrollo de la función pública, el acceso a la justicia y los derechos de la menor involucrada en el caso de violencia sexual.
El proceso es adelantado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, entidad que calificó preliminarmente la conducta como una posible falta grave cometida bajo modalidad de culpa grave.
El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de la activación inmediata de rutas de atención y protección para víctimas de violencia sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Organismos nacionales e internacionales han advertido que este tipo de hechos continúan siendo una de las violencias más difíciles de detectar y denunciar en el país.
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Precisamente, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló recientemente que muchas víctimas enfrentan temor, estigmatización y barreras institucionales que dificultan reportar lo sucedido y acceder a mecanismos de apoyo y atención integral.
Además, el organismo humanitario recordó que la violencia sexual no solo incluye agresiones físicas, sino también otras prácticas que afectan profundamente la integridad y salud emocional de las víctimas, generando consecuencias familiares, sociales y psicológicas a largo plazo.
Mientras avanza el proceso disciplinario, las autoridades continuarán recopilando información para determinar si existieron omisiones en la actuación de la profesional de salud frente al caso reportado en Angostura.
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