Juguemos a «Los congelados»

Resulta sencillamente indignado ver cómo el gobierno saliente decidió rifar la seguridad nacional en el altar de una «paz total» que no es más que una capitulación flagrante ante el crimen organizado. Despedir a los oficiales de inteligencia que perseguían a los peores criminales del país, suspender de tajo los bombardeos estratégicos y congelar las órdenes de extradición de los cabecillas del Clan del Golfo no son gestos de buena voluntad; son muestras de una preocupante entrega estatal que entrega el territorio a las mafias. Mientras el palacio presidencial se llenaba de discursos humanitarios, las regiones de Colombia quedaban desamparadas bajo el yugo de los violentos.

Es un insulto a la memoria de las víctimas que el Ejecutivo pretendió jugar a «los congelados» con la fuerza pública. En la práctica, la orden implícita de no atacar, no moverse y no intervenir solo ató de manos a nuestros soldados y policías, obligándolos a un repliegue vergonzoso frente a los grupos ilegales. Lo perverso de este «juego» es que los únicos que se quedaron quietos fueron las autoridades legítimas, mientras que los ilegales aprovecharon la parálisis oficial para expandirse de forma agresiva por todo el mapa nacional, multiplicando su control social y militar a costa del sufrimiento ciudadano.

Esta indolencia gubernamental no solo es moralmente reprochable, sino técnicamente inconstitucional. La Carta Política de Colombia jamás facultó al presidente para decretar la parálisis del Estado frente a la delincuencia ni para claudicar en su deber de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Lo que presenciamos fue un abandono deliberado de las funciones más sagradas del poder ejecutivo, sustituyendo el imperio de la ley por pactos de trastienda con capos del narcotráfico que se burlan abiertamente de la justicia.

Las consecuencias de este experimento irresponsable saltan a la vista con el desolador equilibrio del narcotráfico. Es alarmante y profundamente doloroso saber que el país cerró con un nuevo récord histórico que supera las 261.000 hectáreas de coca cultivadas, financiando una maquinaria de guerra infinita. Que la cocaína le deja hoy más dinero a las organizaciones criminales que el petróleo, representando un escalofriante 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), demuestra que el gobierno de Petro fracasó rotundamente en su estrategia y convirtió a Colombia, de nuevo, en un narcoestado sumido en el dinero fácil de la ilegalidad.

Mientras los bolsillos de las mafias en el Pacífico, el Catatumbo y el Putumayo se llenan con más de 16.000 millones de dólares anuales, las comunidades rurales pagan el precio con su propia sangre. Bajo esta administración, las masacres no han dado tregua, los asesinatos de líderes sociales se ejecutan con una regularidad escalofriante y los desplazamientos forzados vuelven a vaciar veredas enteras. El hostigamiento diario a la población civil en regiones apartadas desmiente cada semana la narrativa oficial de pacificación y exponen la cruda realidad: el territorio fue entregado al mejor postor.

El rechazo colectivo crece al ver que el dolor de los colombianos es tratado con una ligereza discursiva que raya en la complicidad. No se puede hablar de dignidad humana cuando se debilitaba la inteligencia militar y se permitía que los criminales cercaran pueblos enteros, cobrando vacunas y sembrando minas antipersonales con total impunidad. La «paz total» se transformó en una licencia abierta para delinquir, donde el único congelado y desprotegido es el ciudadano de un pie que no tiene fusiles para defenderse de la barbarie.

Esta peligrosa inercia del Estado ha calado de tal forma en la sociedad que el ciudadano común, por pura supervivencia, también juega cotidianamente a «los congelados» de manera casi natural. Esto se evidencia de forma dramática cuando un habitante de un barrio popular prefiere desviar la mirada y callar al ver cómo una banda criminal extorsiona al tendero de su cuadra, prefiriendo no intervenir para no convertirse en la próxima víctima. Así mismo, se normaliza esta parálisis social cuando en las carreteras del país los transportadores retiraron sus vehículos sin protestar y aceptan pagar «peajes» ilegales a retenes de grupos armados, asumiendo el silencio y la inmovilidad como el costo normal para poder seguir con vida.