Gobernador de Antioquia cuestiona suspensión de orden de captura de alias «El Montañero» usando cédula «fantasma»

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no se guardó nada y lanzó un fuerte reclamo público contra la Fiscalía General de la Nación. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario seccional cuestionó lo que él llama una preocupante «cadena de errores» que, a su juicio, está minando gravemente la credibilidad del ente investigador ante el país.

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El detonante: El caso de alias ‘El Montañero’

La molestia del mandatario surge a raíz de una reciente revelación en un medio local. De acuerdo con la denuncia, la Fiscalía habría suspendido la orden de captura que pesaba contra un peligroso cabecilla criminal conocido con el alias de «El Montañero».

Sin embargo, el detalle que encendió las alarmas y desató la indignación es que dicha orden fue revocada utilizando una cédula de ciudadanía y un nombre que, legalmente, no existen.

Un historial de descuidos que genera dudas

Para Andrés Julián, este no es un caso aislado. En su publicación, el gobernador recordó un episodio reciente que también puso en el ojo del huracán a la entidad y a su directora:

El antecedente en Itagüí: Rendón trajo a colación el caso en el que, supuestamente, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, desconocía que un grupo de delincuentes de Itagüí que estaban siendo procesados ya se encontraban pagando condenas previas.

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¿Intención o simple falta de rigor?

Ante la gravedad de estos hechos acumulados, el gobernador de Antioquia dejó una pregunta abierta que resuena en la opinión pública y exige respuestas claras por parte de las autoridades judiciales:

«¿Por qué la cadena de errores en la Fiscalía con los criminales? Me pregunto si se trata de un asunto intencional o denota una falta de rigor que preocupa y mina la credibilidad del ente investigador».

Este nuevo escándalo pone una vez más sobre la mesa el debate sobre los filtros, la rigurosidad y la transparencia con la que se están llevando a cabo los procesos jurídicos frente a los cabecillas de las estructuras criminales en el país.

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