¿Por «el tonito»? Juez pide investigar al presidente tras llamar «bandido» a alias Primo Gay

Las palabras de Abelardo De la Espriella durante el careo con alias «Primo Gay» quedaron bajo cuestionamiento judicial. Un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que examine el presunto trato denigrante a los detenidos, según la primicia publicada este domingo 15 de noviembre por Jenny Rocío Angarita, de Caracol Radio.

La emisora informó que el funcionario judicial cuestionó las expresiones utilizadas por el mandatario frente a los detenidos y pidió revisar posibles afectaciones a su dignidad. Sin embargo, las capturas fueron declaradas legales: el señalamiento sobre una eventual libertad no se concretó en la decisión reportada.

El pedido del juez por el trato a alias Primo Gay

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, la remisión de copias se refiere a las presuntas intervenciones del presidente durante la presentación de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias «Primo Gay», y de Henry Sneyder Herrón Serna ante las cámaras.

En el aparte de la decisión citado por ese medio, el juez ubicó la exhibición en Montería, al parecer el 14 de noviembre, y cuestionó unas expresiones que calificó como «totalmente despectivas» contra los dos ciudadanos.

El funcionario solicitó que la Comisión examine esos hechos dentro de sus competencias constitucionales y legales. La compulsa de copias no equivale a una declaración de responsabilidad contra el jefe de Estado ni permite afirmar que ya exista una acusación formal por este episodio.

La controversia surgió después de la difusión del encuentro entre De la Espriella y los detenidos. En las imágenes, el presidente se refirió a los delitos que las autoridades les atribuyen y anunció que deberán responder ante la justicia.

«Ya capturamos a ese bandido», dijo el mandatario durante una videollamada con la madre de un uniformado asesinado, según la transcripción del encuentro publicada por El País. El mensaje presidencial que acompañó el video también se refirió a los capturados como «miserables bandidos».

El cuestionamiento judicial, de acuerdo con el apartado divulgado por Caracol, abarca las expresiones y la exhibición de los detenidos. No atribuye la compulsa exclusivamente a la palabra «bandido».

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También remitió copias a la Procuraduría

El pronunciamiento judicial no se limitó a la actuación del presidente. Según el mismo reporte, el juez también compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca si hubo posibles faltas disciplinarias de servidores públicos relacionadas con la exposición de los capturados.

La petición busca identificar a los funcionarios que presuntamente autorizaron, organizaron o ejecutaron la exhibición ante los medios de comunicación. Se trata de una revisión distinta a la solicitada a la Comisión de Investigación y Acusación sobre la intervención del mandatario.

Caracol Radio reprodujo el apartado en el que el juez pide al organismo de control establecer, si resulta necesario, la identidad y la participación de esos servidores públicos en lo ocurrido en Montería.

La captura fue legalizada y el proceso continúa

La emisora también reveló que el juez estuvo a punto de declarar ilegales las capturas de Uñates López y Herrón Serna por el careo presidencial divulgado en video. No obstante, el resultado final informado fue la legalización de ambos procedimientos.

Por eso, no es correcto presentar el caso como una liberación de alias «Primo Gay». Según el estado del proceso descrito por Caracol Radio, estaban pendientes las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.

Uñates López fue capturado el sábado 14 de noviembre en el norte de Antioquia. Las autoridades lo señalan de haber integrado el frente 36 de las disidencias de las Farc y de haber pasado posteriormente al Clan del Golfo.

Su detención ya había generado pronunciamientos del Gobierno nacional y del gobernador Andrés Julián Rendón sobre una eventual extradición. Esa posibilidad, anunciada previamente, es un asunto diferente al examen judicial del trato recibido por los detenidos y no constituye una decisión de envío a Estados Unidos.

La captura también motivó alertas de seguridad en el norte antioqueño. En Donmatías, las autoridades reforzaron la vigilancia tras amenazas contra policías y la advertencia sobre un posible plan pistola, sin que ese reporte indicara un ataque consumado por tales intimidaciones.

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