JEP compulsó copias por posible nexo de Sandra Ramírez con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le puso la lupa al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay: la Sala de Reconocimiento de Verdad compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para establecer si existen investigaciones o elementos de información que vinculen a la exsenadora y exintegrante de las Farc Sandra Ramírez con el crimen.

El requerimiento, firmado por la magistrada Lily Rueda Guzmán, le da un plazo de tres días hábiles a la Corte Suprema de Justicia para informar si Ramírez está incluida en la compulsa de copias que la Fiscalía ordenó remitir al alto tribunal el pasado 21 de octubre, teniendo en cuenta el fuero constitucional que tenía la excongresista al momento de los hechos que se investigan.

«Este despacho considera necesario establecer si Sandra Ramírez se encuentra comprendida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, así como establecer si existen actuaciones o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe», señala el auto, que también pide conocer la naturaleza y el estado de las actuaciones, respetando las reservas judiciales del caso.

Foto: Captura de video.

La nueva línea de investigación del caso Miguel Uribe

La decisión del tribunal de paz llega después de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, quien el pasado 19 de octubre reveló que a la Fiscalía habría llegado información importante sobre el caso: la presunta participación de Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de Sandra Ramírez, en la posible coordinación de la orden material del crimen.

«Resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a John 40, que hace parte de la Segunda Marquetalia», relató Tarazona en ese momento.

Pese a la gravedad del señalamiento, la JEP aclaró que hasta el momento no existe información oficial que permita establecer la vinculación de Sandra Ramírez con el asesinato, por lo que el requerimiento no implica responsabilidad penal ni confirma su participación en los hechos. El objetivo es verificar los señalamientos conocidos y determinar si tienen incidencia en los compromisos que la excongresista asumió ante la justicia transicional.

JEP verifica la condicionalidad de Sandra Ramírez

La solicitud se produce en el marco del seguimiento al régimen de condicionalidad de la exintegrante del Secretariado de las Farc. El auto recuerda que «la señora Sandra Ramírez suscribió el acta de compromiso el 4 de diciembre de 2017, mediante la cual asumió las siguientes obligaciones: garantizar la dejación de las armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de ninguno de los delitos».

Los antiguos integrantes de las Farc que se acogieron a la JEP deben cumplir obligaciones como aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y no reincidir en delitos. El incumplimiento de esas condiciones puede llevar a la pérdida de los beneficios de la justicia transicional, previa verificación rigurosa y con garantías de debido proceso. Una vez lleguen las respuestas de la Fiscalía y de la Corte Suprema, la Sala tomará las decisiones que correspondan frente a la compareciente.

Ramírez, además, tiene pendiente una diligencia dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Su versión libre en ese macrocaso se reanudará este jueves 12 de noviembre.

El caso que sacude al país

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, fue atacado a tiros el pasado 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en Bogotá. Tras permanecer dos meses hospitalizado, falleció el 11 de agosto. Por el magnicidio ya hay siete condenas, entre ellas la del menor que disparó, y la Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer a los autores intelectuales del crimen.

Precisamente, hace pocos días el Centro de Servicios Judiciales de la Fiscalía requirió a Iván Márquez y a otros seis cabecillas de la Segunda Marquetalia por este caso, en otra de las líneas que las autoridades adelantan para esclarecer quiénes ordenaron el asesinato del senador.

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