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Resumen: El País reveló que el FBI busca a dos intermediarios cuyas identidades permanecen bajo reserva judicial por el presunto soborno a un juez mexicano para liberar a Andrew Clark, señalado como segundo al mando de Ryan Wedding. El caso se conecta con la captura del juez en Colombia, informada previamente por Minuto30. Los señalamientos forman parte de una acusación y no equivalen a una condena.
Dos intermediarios cuyas identidades permanecen bajo reserva judicial están en la mira del FBI por el presunto soborno de dos millones de dólares que habría permitido la liberación de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de Ryan Wedding. Así lo reportaron este domingo los periodistas Isaías Alvarado y Zedryk Raziel, de El País, con base en documentos judiciales.
El nuevo foco del reportaje está en las personas que habrían servido de enlace entre Clark y el juez mexicano Luis Benítez Alcántara, capturado en Colombia el pasado 1 de noviembre. Según el diario, los nombres de esos dos sospechosos se mantienen en reserva para no afectar las gestiones encaminadas a su captura.
La investigación se relaciona con un episodio que Minuto30 ya había contado: el supuesto pago al funcionario judicial a cambio de conceder la libertad bajo fianza a Clark y obstaculizar su traslado a Estados Unidos. Ahora, la atención se concentra en quiénes habrían negociado y entregado ese dinero, de acuerdo con la información publicada por el medio.
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El papel que habrían tenido los intermediarios
Según los documentos consultados por El País, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark habría enviado alrededor de 2,75 millones de dólares en pequeñas cantidades a los intermediarios. El reportaje señala que estas personas habrían participado en la negociación del pago indebido con Benítez Alcántara.
Ese valor no debe confundirse con el monto que, según la acusación, habría recibido el juez: dos millones de dólares. El Departamento de Justicia estadounidense también describió las transferencias a través de intermediarios en el comunicado con el que anunció la captura del funcionario, publicado el 5 de noviembre.
La versión de la Fiscalía estadounidense sostiene que el pago buscaba conseguir la salida de Clark de la custodia mexicana. El señalamiento contra los intermediarios, así como la responsabilidad penal de las personas vinculadas al expediente, deberá resolverse en los tribunales.
La libertad bajo fianza duró pocos días
Clark había sido arrestado en México en octubre de 2024 por cargos estadounidenses de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato. El mes siguiente, Washington solicitó formalmente su extradición y el trámite quedó bajo la supervisión de Benítez Alcántara, entonces juez de distrito en Ciudad de México.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 24 de febrero de 2025 el juez habría recibido la totalidad del soborno y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación de Clark. Sin embargo, el canadiense fue detenido nuevamente pocos días después y trasladado a Estados Unidos, donde su proceso continúa pendiente.
Benítez enfrenta nueve cargos de encubrimiento posterior al delito, una figura relacionada con ayudar a una persona a evitar su detención, juicio o castigo. La acusación fue presentada ante un gran jurado federal del Distrito Central de California. Si es declarado culpable, el juez podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo, según el comunicado estadounidense.
Ryan Wedding sigue bajo custodia federal
Wedding, exdeportista olímpico canadiense de snowboard, fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos. Las autoridades de ese país lo señalan de encabezar una organización transnacional de tráfico de cocaína y lo acusan, además, de delitos relacionados con homicidios.
El Departamento de Justicia informó el 5 de noviembre que permanece bajo custodia federal y que tiene dos juicios programados para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027. La misma entidad recordó que una acusación contiene señalamientos y que los procesados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
Por ahora, el desarrollo descrito por El País se centra en los dos intermediarios que habrían intervenido en el presunto pago. Sus identidades no fueron reveladas en el reportaje y no se anunció allí su captura.
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