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Resumen: El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció ante el Congreso que la Ley de Rescate Económico no gravará con IVA la medicina prepagada ni los seguros de salud, y que tampoco se modificará el IVA de la canasta básica y los agroinsumos. El plan mantiene el IVA a compras internacionales menores de US$200 y contempla un recorte del gasto público por $23,7 billones, con reducción del 50 % de los contratos OPS y del 20 % de los gastos de nómina, excepto defensa y seguridad.
Puntos clave
- No habrá IVA del 19 % a la medicina prepagada ni a ningún otro seguro de salud.
- Tampoco se modificará el IVA de la canasta básica familiar ni de los agroinsumos.
- El plan de reducción del gasto estatal contempla un ajuste efectivo de $23,7 billones.
- Se recortarán el 50 % de los contratos OPS y cerca del 20 % de los gastos de nómina, excepto defensa y seguridad.
- Sí pagarán IVA las compras internacionales menores de US$200 en plataformas como Amazon y Temu.
Alivio para los colombianos que pagan planes de medicina prepagada. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó este miércoles 18 de noviembre, durante la presentación de la Ley de Rescate Económico ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso, que el Gobierno nacional no aplicará el IVA del 19 % a los planes de medicina prepagada ni a ningún otro seguro de salud, uno de los puntos que más debate había generado en las últimas semanas.
El anuncio hace parte de los ajustes que el Ejecutivo introdujo al proyecto de ley de rescate y consolidación fiscal tras las objeciones que despertó la versión inicial. Según explicó el jefe de la cartera económica, la decisión responde a una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella.
«No se modifica el IVA de la canasta básica, no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud. Esta es una decisión que el presidente de la República desde el primer momento nos dijo que teníamos que revisar», señaló Gómez Martínez durante su intervención ante los parlamentarios.
Con la rectificación, la propuesta conserva el tratamiento tributario actual para tres componentes considerados sensibles: los productos de la canasta básica familiar, los agroinsumos y los seguros de salud, entre ellos los planes de medicina prepagada. El retiro del gravamen a la canasta y al agro ya había sido anticipado días atrás por el propio mandatario.
También quedó descartada la reducción de la tarifa del impuesto de renta empresarial, que permanecerá en el 35 %, en contraste con la disminución gradual que contemplaba el proyecto inicial del Gobierno.
El replanteamiento no significa, sin embargo, que el Gobierno haya renunciado a su propósito de aumentar los ingresos tributarios. Sobre la mesa siguen el IVA a las compras internacionales de bajo valor, es decir, los productos de menos de 200 dólares que ingresan al país por plataformas de comercio electrónico como Amazon y Temu, así como modificaciones al impuesto de renta de las personas naturales, un mayor gravamen al carbono y a los plásticos de un solo uso, y ajustes al impuesto al patrimonio.
«La tecnología y los mercados virtuales han permitido el aumento explosivo de importaciones de productos cuyo valor es inferior a US$200 y queremos tomar unas medidas que nos permitan gravar esas importaciones que hoy en día no tengan ese tributo», afirmó el ministro.
Adicionalmente, la cartera económica trabajará en un piloto de IVA personalizado, un mecanismo que busca focalizar la exclusión del impuesto en quienes realmente cumplen las condiciones para recibir el beneficio y evitar que otros contribuyentes accedan a él sin tener derecho.
Recorte del gasto público por $23,7 billones
El otro anuncio de la jornada fue el plan de reducción del gasto estatal, que contempla un ajuste efectivo de $23,7 billones. Entre las medidas propuestas están la reducción del 50 % de los contratos por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) y un recorte cercano al 20 % en los gastos de personal de las entidades públicas, con excepción de las fuerzas militares y los organismos de seguridad. Estas acciones representarían un ahorro de cerca de $11 billones.
El plan también incluye la eliminación o racionalización de 189 transferencias y la fusión o supresión de entidades estatales que presenten funciones duplicadas. Con estas medidas, el Gobierno estima reducir el gasto operativo en cerca de $8 billones anuales hasta 2030 y mejorar la focalización de los subsidios.
«La ley de Rescate, señores parlamentarios, únicamente estabiliza la deuda. No la reduce. La magnitud del problema es tal que, a pesar de este esfuerzo, que es el más grande y el más ambicioso en la historia económica de Colombia, no nos permitirá reducir el nivel de endeudamiento de la economía», precisó Gómez Martínez.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste fiscal proyectado equivale al 4,7 % del PIB para 2030 y permitiría estabilizar el nivel de endeudamiento del país en alrededor del 64 %.
Para compensar el recaudo que dejarán de generar las medidas retiradas, el Ejecutivo estudia nuevas alternativas. «Tenemos diferentes opciones y alternativas que vamos a presentar las próximas semanas al Congreso», señaló el ministro, quien insistió en que el objetivo sigue siendo fortalecer las finanzas públicas sin afectar los sectores considerados sensibles para la población.
El proyecto, radicado por el Gobierno a finales de octubre, inició su discusión formal en las comisiones económicas del Congreso, donde los legisladores podrán presentar modificaciones y ajustes al texto antes de su aprobación definitiva.
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