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Resumen: La justicia transicional sancionó a cinco exintegrantes del Ejército por crímenes contra civiles en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño. Deberán cumplir trabajos de reparación durante años.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este viernes 13 de noviembre su tercera sentencia, esta vez contra cinco exintegrantes del Ejército que reconocieron su responsabilidad en falsos positivos en Antioquia: 18 hechos criminales en los que fueron asesinados 35 civiles, entre ellos campesinos y menores de edad, en Dabeiba y otros municipios del noroccidente del departamento.
La decisión la adoptó la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, con ponencia del magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, dentro del caso conjunto 03 y 04, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. Se trata de la primera sentencia de la justicia transicional por falsos positivos en Antioquia.
¿Quiénes son los exmilitares condenados?
Los cinco exuniformados recibieron una sanción propia restaurativa, es decir, no pagarán cárcel, pero tendrán restricciones de derechos y libertades y deberán trabajar en proyectos de reparación a las víctimas:
- El coronel (r) Edie P. T.: seis años.
- El mayor (r) Hermes Mauricio A. S.: seis años y seis meses.
- El mayor (r) Efraín Enrique P. C.: seis años y seis meses.
- El sargento primero (r) Jaime C. T.: cinco años y seis meses.
- El sargento segundo (r) William Andrés C. V.: cinco años y ocho meses.
Los cinco hicieron parte de tres unidades militares: el Batallón de Contraguerrillas Número 79, el Batallón de Contraguerrillas Número 26 y la Brigada Móvil Número 11. Todos confesaron su participación en los hechos ante la JEP y ante las víctimas.
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¿Qué crímenes cometieron en el noroccidente de Antioquia?
Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron entre 2002 y 2006, aunque el macrocaso investiga crímenes cometidos entre 1997 y 2007. Se trata de delitos de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y del crimen de guerra de homicidio en persona protegida.
Según la JEP, los crímenes de estos falsos positivos en Antioquia respondieron a tres patrones criminales. El primero fue el asesinato de campesinos de la región, señalados falsamente de ser colaboradores de la guerrilla, en medio de una alianza criminal entre miembros del Ejército y grupos paramilitares.
El segundo patrón fue el homicidio de personas que no eran de Dabeiba, sino que fueron llevadas con engaños desde Turbo y Medellín. La Terminal de Transportes del Norte de Medellín fue identificada como uno de los lugares donde reclutaban a las víctimas con falsas promesas.
El tercero fue la desaparición forzada mediante el ocultamiento de los cuerpos en cementerios municipales, en particular el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y el cementerio de Ituango.
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¿En qué consisten las sanciones restaurativas?
Por estos falsos positivos en Antioquia, y como lo pacta el Acuerdo de Paz, estas sanciones no incluyen cárcel, pero sí una restricción de derechos y libertades. Los exmilitares deberán cumplir nueve proyectos restaurativos acordados con las víctimas, que se ejecutarán entre diciembre de 2026 y octubre de 2034.
Entre ellos están la construcción de caminos para la paz en Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá; desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo; una intervención en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín; murales y acciones de memoria; una campaña para recuperar el buen nombre de las víctimas; la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio; una intervención integral del cementerio Las Mercedes; y proyectos productivos en varios municipios, entre ellos Medellín, Bello, Itagüí y Apartadó.
Los condenados deberán trabajar de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y cualquier desplazamiento por fuera de su lugar de residencia o de la zona de los proyectos necesitará autorización judicial.
Un caso construido con confesiones
Este caso conjunto se construyó en gran parte gracias a las confesiones de verdad de los comparecientes. Sus aportes permitieron recuperar en el cementerio Las Mercedes los cuerpos de 77 víctimas de ejecución extrajudicial, de las cuales 18 ya fueron identificadas y entregadas a sus familias.
“Cada identificación significa una transformación profunda, una familia que obtiene respuestas”, señaló la magistrada Diana Vega Laguna, vicepresidenta de la JEP.
Esta es la tercera sentencia de la justicia transicional. La primera, emitida en septiembre de 2025, fue contra 12 exmilitares por 127 falsos positivos en el Caribe colombiano, y la segunda estuvo relacionada con secuestros. La de este viernes es la primera por hechos ocurridos en esa región, uno de los episodios más emblemáticos de los falsos positivos en Antioquia.
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