Foto archivo de Sabaneta
En una decisión que marca un antes y un después para la economía de los hogares en el «Rincón Joven del Valle de Aburrá», el Concejo de Sabaneta aprobó el Proyecto de Acuerdo que limita el crecimiento del impuesto predial. La medida, impulsada por la Administración Municipal, busca proteger el bolsillo de los ciudadanos ante la reciente actualización catastral, garantizando que el impacto económico sea justo y manejable.
Sin embargo, el camino hacia este beneficio no estuvo exento de polémica. La oposición en el Concejo, liderada por la concejal Alliday Tobón, intentó sabotear la iniciativa, votando en contra de un alivio que impacta de manera directa a la totalidad del inventario catastral del municipio. Para muchos sectores de la comunidad, esta postura de la minoría opositora demuestra una falta de empatía con la realidad económica de las familias sabaneteñas, priorizando el pulso político sobre el bienestar social.
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El Secretario de Hacienda, Juan Jaramillo, explicó en diálogo con Minuto30 que este acuerdo municipal no excluye a nadie: beneficia a las 104.245 unidades prediales que hoy tiene el municipio, tanto en el sector urbano como en el rural.
«Buscamos mitigar el impacto negativo en el bolsillo de los contribuyentes. Queremos que la ciudadanía sienta confianza en la gestión fiscal y que los incrementos sean proporcionales, no de choque», afirmó Jaramillo.
Mientras la oposición pretendía que no se aprobaran estos límites, la administración logró establecer topes que reducen significativamente lo que la ley permitiría cobrar.
Al oponerse al proyecto, los concejales de oposición pusieron en riesgo la estabilidad tributaria de Sabaneta. Si el acuerdo no se hubiese aprobado por la coalición de gobierno, miles de ciudadanos habrían tenido que enfrentar aumentos de hasta el doble de lo que finalmente quedó pactado.
Con esta aprobación, Sabaneta se consolida como un municipio que aplica criterios de equidad y progresividad, asegurando que el desarrollo urbano y la actualización de los valores de la propiedad no se conviertan en un castigo para el ciudadano de a pie, sino en una gestión fiscal responsable y humana.
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