Foto: El Universal.
La Procuraduría solicitó a la JEP, revocar el beneficio de libertad condicionada que fue concedido al exoficial del Ejército, Bayron Carvajal Osorio, ante la gravedad de los hechos que motivaron su investigación y condena por la ‘masacre de Jamundí’.
El ente de control señaló que considera indispensable que se tenga en cuenta que los sucesos ocurridos el 22 de mayo de 2006, en la zona semiurbana de este municipio del Valle, bajo la orden y mando del entonces teniente coronel Carvajal Osorio, deben ser considerados como actos ajenos a la actividad militar o a las acciones propias del conflicto armado.
“La operación militar tuvo fuertes cuestionamientos frente al procedimiento ya que se solicitó la suspensión del ataque por un superior y no fue atendida; la escena fue alterada y miembros del Ejército impidieron el ingreso de las autoridades correspondientes para que adelantaran las acciones de reconocimiento y evaluación de los hechos, y se pudo comprobar que la orden de operaciones fue presentada con información falsa”, planteó la Procuraduría.
Para el ente de control, estos elementos permiten evidenciar que los hechos liderados por el exoficial corresponden a actividades irregulares, contrarias al ejercicio de sus funciones, y dan respuesta a acciones ilegales cometidas al servicio de una red delincuencial organizada con ánimo de lucro, y no pueden ser catalogados actividades dentro del marco de una operación de guerra contra otro grupo armado.
Así mismo reiteró que la conducta del exoficial del Ejército Nacional corresponde a una acción ilegal cometida al servicio de intereses del narcotráfico, y no puede ser confundida con actos cometidos ocasión del conflicto armado.
2019-10-24
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