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En un movimiento que ha terminado de fracturar las bases de la colectividad, el Partido Alianza Verde anunció la creación de una comisión programática para formalizar su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda. La decisión, aunque celebrada por el sector más radical del partido, ha desatado una tormenta política que pone en duda la identidad de la formación que alguna vez lideró Antanas Mockus.
El anuncio no ha pasado desapercibido por el contexto judicial que rodea a uno de sus fundadores y máximos directivos. Sectores de la oposición y críticos ciudadanos han recordado con insistencia que este es el partido controlado por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y hoy prófugo de la justicia.
González, quien recibió asilo político en Nicaragua tras ser vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD, sigue siendo señalado como el «dueño del aviso». Para muchos, que una colectividad liderada en la sombra por alguien con una circular roja de Interpol —recientemente reactivada por la Fiscalía por delitos de lavado de activos y cohecho— decida adherirse a la campaña de Cepeda, es una señal alarmante sobre la ética del partido.
«Es doloroso ver cómo lo que empezó como un movimiento ciudadano por la ética pública, terminó convertido en un apéndice del Pacto Histórico, manejado por un prófugo desde Managua», comentaba un usuario en X (antes Twitter).
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La decisión no fue unánime. Aunque la mayoría de los congresistas actuales se han decantado por el apoyo a Cepeda, voces moderadas dentro de la Alianza Verde han calificado este paso como el «cierre final y triste» de la colectividad. Las críticas apuntan a que el partido ha abandonado el centro político para alinearse totalmente con las agendas más radicales, dejando huérfanos a los votantes que buscaban una alternativa independiente.
Con este panorama, la Alianza Verde llega a las elecciones de 2026 no como una fuerza alternativa, sino como un aliado condicionado por los ruidos de corrupción y la pérdida de su esencia original.
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