¡Pagaban solo $5.000 de agua! Cae embotelladora ilegal que falsificaba reconocidas marcas en Bogotá

Una operación adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió desmantelar una embotelladora ilegal de agua que funcionaba de manera clandestina en el sector de Bosa San Bernardino, en el sur de la capital del país. El procedimiento fue realizado en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, luego de varios meses de seguimiento e investigación.

El operativo comenzó sobre las 5:00 de la mañana, momento en el que unidades de la SIJIN y del GOES llegaron hasta una vivienda de tres pisos que, aparentemente, funcionaba como una residencia común. Sin embargo, detrás del portón del primer nivel operaba una estructura adaptada como planta industrial para el procesamiento y comercialización ilegal de agua.

Funcionaba detrás de un aparente garaje

De acuerdo con las autoridades, el lugar contaba con tanques de almacenamiento, sistemas de purificación y maquinaria utilizada para llenar bolsas de agua de seis litros y botellones de gran capacidad equivalentes a cinco galones.

La investigación reveló que la fábrica llevaba tiempo operando y que semanalmente producía una gran cantidad de recipientes que posteriormente eran comercializados al público. Cada botellón era vendido por aproximadamente 14.000 pesos.

Durante el allanamiento fueron sorprendidas tres personas cuando se disponían a iniciar la jornada laboral dentro de la planta clandestina. En el lugar fueron capturados dos adultos, mientras que un menor de edad quedó bajo protección de las autoridades competentes.

En medio de la diligencia judicial también fueron incautados 294 botellones con agua, 1.000 tapas, 1.000 sellos de seguridad y 22 guacales utilizados para el almacenamiento y transporte del producto. Además, la maquinaria utilizada para el embotellamiento fue desmontada por las autoridades.

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Usaban marcas reconocidas y pagaban una tarifa mínima

Según la investigación, uno de los delitos detectados durante el procedimiento fue la presunta usurpación de derechos de propiedad industrial, debido a que los responsables reutilizaban envases y botellones pertenecientes a reconocidas marcas nacionales e internacionales para distribuir el agua procesada en el lugar.

Las autoridades también identificaron una posible defraudación de fluidos relacionada con el consumo de agua utilizado para el funcionamiento de la planta.

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El predio se encontraba registrado dentro de una zona en proceso de normalización ante la Empresa de Acueducto, situación que le permitía pagar únicamente una tarifa fija bimestral que oscilaba entre 5.000 y 10.000 pesos, sin importar la cantidad real de agua consumida.

A las 5:00 a. m. llegamos a esta casa en Bosa donde funcionaba una embotelladora ilegal de agua, que además de defraudar al Distrito (pagaban $5.000 cada dos meses), usurpaba reconocidas marcas de este líquido.

Utilizaban grandes tanques, purificadores a gran escala, bolsas de 6… pic.twitter.com/AussIvoI0G

— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 29, 2026

Especialistas del Laboratorio de Aguas de la Empresa de Acueducto de Bogotá tomaron muestras del líquido hallado en la embotelladora para realizar pruebas fisicoquímicas y verificar si cumplía con condiciones adecuadas para el consumo humano.

Las muestras fueron trasladadas a laboratorio y las autoridades advirtieron que, en caso de encontrarse irregularidades sanitarias, podrían sumarse investigaciones relacionadas con posibles afectaciones a la salud pública.

En el operativo también participaron representantes e ingenieros de las compañías afectadas por el uso irregular de sus marcas comerciales.

Los dos adultos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan los procesos por los delitos de usurpación de propiedad industrial y defraudación de fluidos. Entre tanto, el menor de edad fue dejado bajo atención de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De acuerdo con la legislación vigente, las personas involucradas podrían enfrentar penas de prisión y sanciones económicas si son halladas responsables de las conductas investigadas.