Foto de archivo/Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
En un hecho sin precedentes que agudiza la crisis del sector, la organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de usuarios, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La acción judicial se basa en un presunto fraude a resolución judicial, argumentando que el funcionario ha incumplido de manera «consciente y reiterada» múltiples órdenes de la Corte Constitucional encaminadas a garantizar la suficiencia financiera del sistema.
Según los denunciantes, esta omisión administrativa ha generado una inestabilidad que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
La denuncia sostiene que Jaramillo ignoró fallos históricos, como la Sentencia T-760 de 2008, al no ajustar correctamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) basándose en estudios técnicos y no solo en la inflación.
Además, se le cuestiona por pagos tardíos e insuficientes en los presupuestos máximos, lo que ha derivado en una inestabilidad financiera para las entidades prestadoras.
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Pacientes Colombia también advirtió que las mesas técnicas ordenadas por el alto tribunal han sido utilizadas como un «mecanismo formal» sin deliberación real, donde se excluyeron actores clave y se ocultó información técnica esencial.
Este fuerte movimiento jurídico se conoce apenas días después del fallecimiento del niño Kevin Acosta, un caso que se convirtió en el rostro de la inestabilidad del sistema tras la falta de entrega de medicamentos para la hemofilia.
Mientras el ministro Jaramillo insiste en que el sistema «está pagando a tiempo» y atribuye tragedias como la de Kevin a la falta de prevención en actividades físicas, las organizaciones de pacientes solicitan medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con el giro de recursos, para evitar que el desfinanciamiento siga cobrando vidas en el país.
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