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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le puso un freno de mano a la propuesta del presidente Gustavo Petro de retomar la aspersión aérea.
El regreso del glifosato en Colombia, advirtió el ministro, enfrenta un camino «supremamente difícil» por una dura barrera: la Corte Constitucional, que ha prohibido de manera reiterada la práctica.
La declaración del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, responde al sorpresivo giro del presidente Petro, quien recientemente abrió la puerta a la fumigación aérea en los territorios donde la fuerza pública se encuentre con la oposición violenta de las comunidades.
Esta nueva postura surge tras el secuestro de más de 40 militares en El Tambo, Cauca, quienes habrían sido retenidos por miembros de la comunidad presuntamente instrumentalizados por disidencias de ‘Iván Mordisco’.
A pesar de la táctica, la propuesta del mandatario contrasta fuertemente con su histórica oposición al uso del químico, que siempre consideró ineficaz y dañino.
Montealegre explicó que la barrera más compleja de superar es el «principio de precaución», una protección legal que impide el uso de una sustancia ante el riesgo de que sea dañina para los ciudadanos.
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«La sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato», en referencia a la evidencia que lo asocia directamente con el cáncer. Por ello, el ministro concluyó que la utilización del químico tendría que ser «excepcional» y no una política generalizada.
El funcionario recordó que cualquier intento por reanudar las fumigaciones chocaría con la Corte Constitucional. El alto tribunal prohibió la práctica con la Sentencia T-236 de 2017 y reiteró su decisión en 2022, cuando le dijo no al intento del gobierno de Iván Duque de reiniciar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIG).
La Corte ha sido clara en que para volver a fumigar, el Gobierno debe presentar evidencia científica y técnica que demuestre la ausencia total de daños a la salud y al medio ambiente.
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