¡Sin plata no hay paz! JEP advierte que sanciones por secuestros y falsos positivos están en riesgo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encendió las alarmas por la falta de recursos para ejecutar las primeras sanciones propias impuestas en el país, derivadas de los macrocasos de secuestro y falsos positivos.

Según el presidente de la entidad, Alejandro Ramelli, el presupuesto nacional 2026 no garantiza la financiación suficiente para cumplir con los proyectos restaurativos ordenados.

Las medidas, que buscan reparar a víctimas de más de 21.000 secuestros atribuidos a las extintas Farc y de ejecuciones extrajudiciales vinculadas al Batallón La Popa en Valledupar, requieren una inversión de $121.858 millones. Sin embargo, hasta el momento solo han sido asegurados $20.000 millones, lo que deja un déficit superior a los $100.000 millones.

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Entre los proyectos en riesgo se encuentran programas de medio ambiente, huellas de memoria, desminado, búsqueda de desaparecidos, centros culturales y de armonización indígena, así como iniciativas productivas bajo el nombre Sembradores de Amor y Paz.

Para la JEP, estas acciones no solo son parte de la justicia transicional, sino compromisos del Estado con la comunidad internacional.

Ramelli enfatizó que el Gobierno y el Congreso tienen la obligación de garantizar los fondos. Incluso, recordó que el sistema de monitoreo de la ONU evalúa no solo los avances judiciales, sino también la capacidad del Estado para asegurar condiciones de seguridad, habitabilidad y reparación.

De no contar con los recursos necesarios, advirtió la jurisdicción, se pondría en riesgo el proceso de reparación a las víctimas y la consolidación de la paz en Colombia.

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