Foto de archivo.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, petición que había sido presentada por el Gobierno Petro en medio de los acercamientos de paz con esa organización armada.
Durante una rueda de prensa, Gutiérrez aseguró que la decisión del ente acusador representa un freno a lo que calificó como beneficios hacia estructuras criminales.
El mandatario afirmó que, a su juicio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha favorecido a grupos ilegales mediante la política de “paz total”.
“Bien hecho por la señora fiscal general de la Nación”, expresó Federico Gutiérrez ante los medios, al tiempo que cuestionó los intentos del Ejecutivo de suspender las órdenes judiciales contra cabecillas del Clan del Golfo.
Según el alcalde, las instituciones deben priorizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de acuerdos internacionales relacionados con extradición.
La decisión adoptada por la Fiscalía impidió, por ahora, que los integrantes de esa estructura armada fueran trasladados a zonas de ubicación temporal como parte de los diálogos promovidos por el Gobierno.
El ente investigador argumentó que aún no existen condiciones verificables sobre cese de hostilidades, entrega de armas y desmantelamiento real de la organización criminal.
Otro de los puntos mencionados por la Fiscalía tiene relación con alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien cuenta con solicitud de extradición hacia Estados Unidos y sobre quien existen compromisos judiciales internacionales vigentes.
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En sus declaraciones, Federico Gutiérrez también sostuvo que la política de paz adelantada por el Gobierno ha permitido el fortalecimiento de grupos armados en diferentes regiones del país.
Además, aseguró que sectores criminales dedicados al narcotráfico, la extorsión y el homicidio han sido los principales beneficiados durante el actual mandato presidencial.
Posteriormente, el alcalde reiteró su postura a través de redes sociales, donde afirmó que “la justicia no se negocia” y defendió la decisión tomada por la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional continúa buscando mecanismos para avanzar en negociaciones con estructuras armadas ilegales, aunque la Fiscalía dejó claro que las órdenes de captura seguirán vigentes mientras no existan avances concretos y verificables dentro de esos procesos.
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