Foto de cortesía.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una estructura señalada de realizar extorsión desde La Picota, mediante llamadas, perfiles falsos en WhatsApp y amenazas dirigidas a personas de diferentes regiones del país.
La investigación estableció que los integrantes de la red presuntamente burlaban los controles penitenciarios para acceder a celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras.
Con estos recursos contactaban a potenciales víctimas y desarrollaban diferentes modalidades de engaño. Según el ente investigador, la organización habría obtenido más de $4.900 millones con estas actividades.
Una de ellas consistía en crear perfiles falsos de mujeres y ofrecer supuestos servicios sexuales. Durante las conversaciones, los señalados integrantes obtenían fotografías íntimas o utilizaban imágenes tomadas de redes sociales para realizar montajes.
Después, amenazaban con divulgar ese contenido y exigían dinero para evitar su publicación. Tras conseguir un primer pago, las intimidaciones podían aumentar para obtener nuevas transferencias.
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El rastreo financiero fue uno de los elementos centrales de la investigación. La Fiscalía examinó más de 631.000 operaciones y documentó 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.
Los recursos eran enviados a billeteras digitales y cuentas de terceros, desde donde posteriormente se distribuían o retiraban en efectivo.
De acuerdo con la Fiscalía, parte del dinero habría sido utilizada para adquirir seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo. También se detectó un esquema que habría permitido ocultar al menos $2.000 millones en un periodo inferior a cuatro años.
La investigación señala como presunto articulador a Fabián, alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien permanece privado de la libertad. Paralelamente, el CTI, con apoyo de la DIJIN, capturó a tres de sus familiares.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario luego de la imputación por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.
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