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El Gobierno de Costa Rica presentó este martes ante el Congreso un proyecto de ley para regular las plataformas de servicio de transporte como Uber, a las cuales grava con el impuesto de valor agregado y el de remesas al exterior.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, declaró en un comunicado que “nuestro compromiso es avanzar en un sistema donde taxis y plataformas tecnológicas de transporte coexistan en condiciones de competencia justa”.
“Es un tema que como país hemos pospuesto por muchos años y llegó el momento de tomar decisiones al respecto”, puntualizó. El proyecto de ley establece el impuesto de valor agregado del 13 por ciento y además el tributo sobre las remesas al exterior que es del 8,5 por ciento.
La iniciativa de ley también obliga a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como es el caso de Uber, a aportar un 3 por ciento del precio cobrado al usuario para crear el Fondo Nacional de Movilidad, cuya misión será la modernización del transporte público del país.
El proyecto declara a todas las EPT como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria de la estatal Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos, y además estas compañías deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP) para poder operar legalmente.
Para los taxis oficiales, la legislación aprueba que se establezca una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, y los conductores estarán habilitados para negociar un precio menor con el usuario.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que se trata de un proyecto “balanceado” que crea un marco normativo para regular la operación de las empresas de plataforma de transporte y, además, moderniza el servicio de taxi.
Méndez afirmó que la iniciativa plantea una “solución integral” al reto que representan las nuevas tecnologías y a la fuente de empleo y de ingresos para miles de familias que representan los taxis formales.
Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015 y reiteradamente el Gobierno ha dicho que el servicio de transporte remunerado de personas que se brinda por medio de esa plataforma es ilegal y aplica multas a los conductores.
Sin embargo, la empresa Uber asegura que seguirá operando en Costa Rica y que lo hace bajo un marco de legalidad, y además se ha mostrado dispuesta a participar en una mesa de diálogo para aportar ideas sobre la regulación de la actividad.
El gremio de los taxistas ha pedido numerosas veces al gobierno “cancelar o bloquear” la operación de la app de Uber en el país, pues consideran el servicio como competencia desleal por sus tarifas más bajas y porque no cumplen con regulaciones que el Estado aplica a los taxis.
Uber ha indicado que Costa Rica, una nación de 5 millones de habitantes, es el país de América Latina con mayor penetración per cápita de la plataforma, con 22.000 conductores afiliados y 783.000 clientes.
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