Ecuador ratificó este viernes su compromiso con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Paola Guzmán, una adolescente que se quitó la vida hace 18 años tras ser violada en repetidas ocasiones por un docente, y en otros de violencia sexual ocurridos en colegios del país.
La CorteIDH condenó el pasado 14 de agosto al Estado ecuatoriano por la violación de la que fue víctima Paola del Rosario Guzmán Albarracín en un centro educativo estatal de Guayaquil, situación que la llevó a suicidarse en 2002, a los 16 años de edad.
Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, indicó hoy en un comunicado que han tenido que pasar más de cuatro Gobiernos y 18 años para que la familia de la menor “realmente sienta que existe descanso”.
“Ninguna vida tiene precio, ningún criterio de reparación mejora o revive el proyecto de vida de la familia de Paola, por lo tanto, la justicia está en deuda social con el Estado, que somos todos”, manifestó Chacón al recalcar que “si un juez piensa desde la perspectiva del machismo no va a hacer justicia”.
La secretaria dijo que la CorteIDH ha reconocido los avances en Ecuador para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, pero admitió que “falta mucho por hacer para cambiar patrones culturales, fortalecer el sistema de justicia y lograr una mejora en la calidad de las sentencias”.
El fallo sobre el caso de Paola Guzmán, sin precedentes en la Corte interamericana, determinó que la agresión ejercida contra la menor afectó su derecho a una vida libre de violencia, le provocó graves sufrimientos y “tuvo relación con su decisión de quitarse la vida”.
El dictámen señala a Ecuador de “tolerar” y ser “responsable por la violencia sexual ejercida en contra de Paola” y obligó al Estado a adoptar, entre otras, medidas de protección y sancionar a los agresores dentro de los colegios.
El presidente Lenín Moreno ya manifestó que “Ecuador ejecutará la sentencia”.
La secretaria de Derechos Humanos afirmó que la sociedad debe tener cero tolerancia ante los hechos de violencia en cualquier ámbito y aún más en el educativo.
Paola fue acosada y abusada sexualmente desde que tenía 14 años por el vicerrector del colegio, Bolívar Espín Zurita, un hombre de 64 años que prometió ayudarle con sus estudios y mejorar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales.
Tras cumplir los 16 y ser víctima de repetida violencia sexual por parte del vicerrector, la adolescente quedó embarazada.
El agresor intentó entonces que Paola se practicara un aborto con la asistencia del médico del plantel, quien ofreció a la menor realizarle el procedimiento a cambio de relaciones sexuales.
Esas agresiones le provocaron una depresión que terminó en un suicidio mediante la ingesta de fósforo blanco poco antes de arribar al colegio el 12 de diciembre de 2002.
La adolescente llegó en situación crítica a la enfermería del centro, que no le ofreció la atención médica requerida y donde falleció.
El proceso penal que buscó esclarecer los hechos se suspendió tras la fuga del vicerrector y el 18 de septiembre de 2008 la Justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal, razón por la cual su familia recurrió a la CorteIDH.
EFE
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