Duque, un abanderado de la lucha contra el reclutamiento de menores

Puedo dar fe de la indolencia del gobierno de Juan Manuel Santos frente al gravísimo delito de reclutamiento forzado de menores. Como Representante a la Cámara, en múltiples oportunidades le solicité a los más altos funcionarios del gobierno anterior que hicieran lo que estuviera a su alcance, para detener el reclutamiento de niños y procurar la desvinculación inmediata y sin dilaciones de todos aquellos que estaban en poder de las distintas cuadrillas de las Farc.

La respuesta, siempre se dio a través de evasivas y mensajes contradictorios. El comisionado de paz de Santos y coautor del acuerdo de impunidad con las Farc, Sergio Jaramillo, llegó al extremo inaceptable de decirme -en respuesta a un derecho de petición- que las Farc podrían seguir con los menores en su poder, dado que el gobierno había accedido a negociar “en medio del conflicto”.

En pocas palabras: el funcionario encargado de trabajar por la paz de los colombianos, justificó que los miembros de la guerrilla continuaran reclutando y sometiendo a toda suerte de vejámenes, a los niños más vulnerables de nuestro país.

El acuerdo de Santos con Timochenko es una farsa, desde todo punto de vista. El tiempo, nos ha demostrado que los miembros de las Farc no tenían una voluntad sincera de suspender sus actividades ilícitas. El capo “Jesús Santrich”, continuó traficando estupefacientes de la mano de sus compinches “Iván Márquez” y “El Paisa”.

Así mismo, los colombianos nunca pudimos constatar que el 100% de los menores reclutados por las Farc, hubieran sido desvinculados y entregados al ICBF. Todo lo contrario: los capos de la guerrilla, desde La Habana, aseguraron con toda la desfachatez, que ellos no solo no tenían menores esclavizados, sino que sus campamentos terroristas habían servido como “guarderías” de pequeños que buscaban su protección.

Ante esa indignante y cínica afirmación, el gobierno de Santos no hizo la mínima reclamación. Con su silencio cómplice, ellos le dieron validez a semejante dislate.

Un Estado que no proteja a sus niños, está condenado para siempre a ser fallido. Los menores de edad son presa fácil para las estructuras armadas ilegales, razón por la que todas las instituciones oficiales están en el deber de establecer los protocolos más rigurosos para garantizar su protección.

Y así lo ha entendido el presidente Iván Duque, quien ha observado una tolerancia cero frente al reclutamiento de niños.

Minutos antes de partir hacia la asamblea anual de las Naciones Unidas, el presidente Duque le informó al país que este año, la Fuerza Pública ha rescatado 158 niños que estaban en manos de grupos armados ilegales, concretamente las Farc, el Eln y las bandas criminales, estructuras que delinquen en la frontera con Venezuela, bajo el auspicio de la dictadura de ese país.

El gobierno nacional, igualmente, formulará ante instancias internacionales las respectivas denuncias, por cuanto la sistematicidad del reclutamiento de niños es una violación flagrante de los derechos humanos, razón por la que los miembros de los grupos delincuenciales que ejecutan esa atrocidad, deben ser catalogados como criminales de guerra y, en consecuencia, recibir las duras sanciones penales contempladas en las normas nacionales y multilaterales.

Las comparaciones no siempre son odiosas y menos cuando de por medio se encuentran los niños de nuestro país. Mientras Santos y sus funcionarios voltearon la mirada frente a la tragedia de los menores esclavizados por las Farc, el presidente Iván Duque, ordena la ejecución de operaciones militares y de policía para propiciar la liberación de cerca de 160 niños y declara la guerra frontal contra los responsables de ese crimen.

Al ver la meritoria actitud de nuestro presidente, siento verdadero orgullo y me lleno de motivos para continuar, desde mi curul en el Congreso de la República, luchando por los derechos de los niños, específicamente por los de aquellos que han sido brutalmente separados de sus hogares por parte de los grupos ilegales, que engrosan sus filas con menores que en vez formarse en el delito -contra su voluntad-, tienen que estar con sus familias, estudiando y preparándose para ser ciudadanos de bien.