Dimayor pide a alcaldes y gobernadores proteger el fútbol colombiano, alertando sobre impactos económicos y logísticos por decisiones unilaterales. Foto: Atlético Nacional
La Dimayor ha emitido una comunicación formal dirigida a los gobernadores y alcaldes del país, haciendo un “llamado respetuoso y constructivo” para garantizar el correcto desarrollo del fútbol profesional colombiano.
En la misiva, la entidad organizadora del FPC inicia reiterando su reconocimiento al trabajo articulado con las autoridades locales a lo largo de la historia.
Sin embargo, la entidad señaló su preocupación ante “algunas decisiones adoptadas recientemente por diferentes administraciones” que han sido tomadas unilateralmente, sin la debida concertación con los clubes locales ni con la Dimayor.
Estas determinaciones, calificadas como “ajenas al ámbito deportivo”, han obligado a la entidad a replantear la organización de partidos en “instancias cruciales de la Liga y la Copa”, a pesar de que el calendario oficial fue informado oportunamente a la opinión pública.
La Dimayor subraya que las modificaciones imprevistas, la asignación de escenarios deportivos a eventos culturales y la falta de notificación oportuna de dichas decisiones generan serios “impactos logísticos, deportivos, económicos y televisivos”.
El comunicado destaca que el FPC no es solo un escenario de pasión social, sino también un “motor económico determinante para las regiones”.
Se argumenta que cada partido dinamiza la economía local, generando empleos directos e indirectos, e impactando positivamente el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía.
Además, la Dimayor enfatizó que el fútbol es el principal eje de entretenimiento del país, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo regional.
La Dimayor y los presidentes de los clubes afiliados reiteraron su “total disposición al diálogo y a la cooperación” con las autoridades territoriales, reafirmando que el fútbol profesional colombiano es un “patrimonio cultural, deportivo y económico” que necesita el compromiso de todos los actores institucionales para su adecuado desarrollo.
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