Foto de archivo.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2026 por el riesgo que enfrentan habitantes de cinco municipios del Huila debido a la expansión territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.
La entidad advirtió sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el control ejercido por estructuras armadas en zonas rurales de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel.
Según el informe, el escenario de riesgo está relacionado con el fortalecimiento del Frente Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, estructura vinculada al autodenominado Estado Mayor Central (EMC). La Defensoría señaló que el grupo armado busca consolidar su presencia en corredores estratégicos que conectan los departamentos de Huila, Tolima y Cauca.
Entre las prácticas denunciadas por la entidad se encuentra la imposición de normas a las comunidades mediante llamados ‘manuales de convivencia’, restricciones de horarios y limitaciones para movilizarse por determinadas zonas. Además, alertó sobre la instalación de retenes, puntos de control y demarcaciones territoriales con vallas y panfletos para ejercer dominio sobre los habitantes.
La Defensoría también advirtió sobre el impacto económico generado por el cobro de extorsiones a agricultores, comerciantes y mineros, así como sobre hechos relacionados con homicidios, reclutamiento de menores y ocupación de viviendas y establecimientos educativos durante enfrentamientos armados.
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De acuerdo con el documento, durante 2025 fueron registrados al menos seis asesinatos considerados de carácter ejemplarizante por el incumplimiento de las reglas impuestas por el grupo ilegal. La entidad señaló que municipios como Palermo y Neiva presentan cifras preocupantes de homicidios.
Asimismo, la Defensoría alertó sobre el posible uso de nuevas tecnologías por parte de estos grupos, como drones con artefactos explosivos, y señaló el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para ser trasladados a zonas de confrontación.
Ante esta situación, la entidad formuló 19 recomendaciones a instituciones del orden nacional y territorial, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Consejería para los Derechos Humanos y el Ejército Nacional, con el objetivo de implementar acciones urgentes que permitan proteger a las comunidades afectadas.
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