Foto de archivo.
La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional a finales de 2025 fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia, que tomó la decisión con una votación mayoritaria de seis magistrados frente a dos que se apartaron del fallo.
Con esta determinación, el alto tribunal dejó sin efectos el decreto mediante el cual el Ejecutivo buscaba adoptar medidas excepcionales, al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución para este tipo de declaratorias.
La decisión se produjo tras el análisis de una ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo, quien planteó que la emergencia económica no se ajustaba al marco legal vigente.
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La Sala Plena acogió este criterio, marcando un precedente frente al uso de los estados de excepción en el país.
Por su parte, el Gobierno había solicitado dejar sin efecto decisiones previas del tribunal que suspendían la aplicación del decreto, argumentando posibles irregularidades en el proceso. Sin embargo, estos recursos no prosperaron y finalmente se adoptó una decisión de fondo.
El fallo también deja abierta la discusión sobre las herramientas que tiene el Gobierno para enfrentar situaciones excepcionales, así como los límites que impone la Constitución frente a su aplicación.
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