El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo. EFE
El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo. EFE
La iniciativa, que canalizará recursos por más de 315 millones de dólares y tendrá una vigencia de cuatro años, la suscribirán el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director de la UNODC, Yury Fedotov.
“Suscribir este proyecto es un gran avance en la implementación (…) del acuerdo de paz y nos reitera la necesidad de aunar esfuerzos para fortalecer la puesta en marcha de los programas de sustitución voluntaria y erradicación de cultivos ilícitos”, dijo Pardo en un comunicado difundido por su despacho.
Añadió que la iniciativa contempla implementar programas de desarrollo alternativo y sostenible en las zonas afectadas por la presencia de cultivos de coca.
Fedotov aseguró que “esta es una oportunidad única de cambiar el curso y de ayudar a los cultivadores de coca a adoptar iniciativas de desarrollo alternativo”.
“Este proyecto es el más grande de la historia de Colombia con UNODC. La experticia y neutralidad de Naciones Unidas son garantía para realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento a nuestra política de reducción de cultivos”, apostilló Pardo.
El pasado 23 de octubre, la agencia estadounidense antidrogas informó que la producción potencial de heroína se triplicó entre 2013 y 2016 en México debido en parte a “una reducción” en la erradicación de la amapola, mientras que el consumo de cocaína proveniente de Colombia aumentó “significativamente” en los últimos años en EE.UU.
En 2016 los cultivos ilícitos de coca en Colombia alcanzaron la cifra récord de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas, según la Casa Blanca.
Sin embargo, el pasado 27 de octubre, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció una carta en la que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le reconoce el esfuerzo de su país en la lucha contra las drogas.
Semanas atrás, el mismo Trump había enviado al secretario de Estado, Rex Tillerson, un memorándum en el que identificó a 22 países, entre ellos Colombia, como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas.
EFE
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