Foto de cortesía.
Minuto30.com .- Minutos después de conocerse que la Corte Constitucional suspendió los efectos de la Emergencia Económica declarada por el Gobierno Nacional, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se pronunció de manera contundente. El mandatario local, quien ha sido uno de los críticos más férreos de la medida, calificó el fallo como una “decisión histórica” para la democracia del país.
El antecedente: Fico radicó la solicitud ante la Corte
Gutiérrez recordó a la opinión pública que su administración no se quedó de brazos cruzados ante el Decreto 1930 de 2025. El pasado 13 de enero, el alcalde radicó formalmente ante el alto tribunal una solicitud de suspensión urgente, argumentando que la emergencia era una herramienta para que el presidente Petro “pasara por encima del Congreso”.
“Como Alcalde de Medellín y como ciudadano, creo en las instituciones y en la Justicia”, afirmó Gutiérrez a través de sus canales oficiales.
En su declaración, el mandatario antioqueño fue enfático en que la decisión de la Corte protege la estabilidad institucional de la nación y evita que se rompa el equilibrio de poderes que dicta la Constitución de 1991.
Dio las gracias a los magistrados y magistradas calificándolos de “valientes”; aseguró que su postura siempre estará del lado de la democracia y la legalidad.
Lanzó un mensaje directo sobre el papel de las regiones frente al centralismo: “Colombia se respeta y la seguiremos sacando adelante desde las regiones”.
Más allá del fallo jurídico, queda para el registro la celeridad con la que se movieron las fichas desde la capital antioqueña. Mientras el país apenas asimilaba el alcance del recaudo de los 11 billones de pesos, Federico Gutiérrez fue el primer mandatario regional en pasar de la crítica en redes a la acción en los estrados.
Su radicación del 13 de enero ante la Corte Constitucional —semanas antes de que se consolidara la ponencia de Carlos Camargo— hoy se lee como el movimiento que anticipó el desenlace de esta crisis. Esta gestión temprana no solo buscaba proteger las finanzas locales, sino que marcó el ritmo de la resistencia institucional que hoy culmina con el “frenazo” definitivo a las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
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