Carnetización para vendedores ambulantes en el país fue aprobada por el Gobierno Nacional

Este lunes, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque presentó la Ley 1988 de 2019, que establece los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales.

La norma, sancionada por el jefe de Estado el pasado 2 de agosto, señala que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior, en un plazo de 12 meses, se encargarán de elaborar, formular e implementar la mencionada política pública.

La Ley 1988, de nueve artículos, señala los principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y programas que orientarán las acciones del Estado en materia de recuperación del espacio público. Así mismo, para la aplicación de la norma, se define que los vendedores informales son las personas que se dedican “voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el espacio público, como medio básico de subsistencia”.

Entre los lineamientos que se deben tener en cuenta para la formulación de la política pública, la Ley ordena establecer programas y proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital y la subsistencia en condiciones dignas de esta población, para lo cual se deben implementar alternativas de trabajo formal para vendedores ambulantes.

De la misma forma, se contempla el desarrollo de programas de capacitación a vendedores informales en diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Para promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los vendedores informales, el articulado ordena reglamentar el funcionamiento de espacios o Locales Comerciales de Interés Social (Lcis), así como el fomento de proyectos productivos orientados a esta población.

“La política pública establecerá la carnetización de los vendedores informales para facilitar su identificación en el espacio público. Las organizaciones de vendedores informales legalmente constituidas podrán realizar la veeduría a la carnetización”, dice un aparte de la Ley.

Por último, en la elaboración de la política pública de los vendedores informales podrán participar entidades del nivel nacional, departamental, distrital y municipal. En la formulación también tendrán espacio organizaciones de vendedores informales, entes de control y la academia.