Foto de redes sociales.
En una diligencia virtual que captó la atención de todo el país, este jueves 29 de enero reapareció ante la justicia colombiana Carlos Ramón González, el exdirector del Dapre señalado como el cerebro del millonario desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
El exfuncionario, quien permanece bajo la protección del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, compareció vía videollamada ante la Corte Suprema de Justicia para el inicio de su audiencia de acusación por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
La acusación formal presentada por la Fiscalía sostiene que Carlos Ramón González fue la pieza clave que orquestó el plan criminal para sobornar a congresistas con dinero de los carrotanques, buscando asegurar el apoyo a las reformas del Gobierno.
Según el ente acusador, el exdirector habría coordinado la entrega de $3.000 millones a Iván Name y $1.000 millones a Andrés Calle.
A pesar de la gravedad de los cargos y de la circular roja de Interpol que pesa en su contra, González se limitó a decir: «Estoy pendiente de la evolución de este asunto», rompiendo un silencio de meses desde su huida en noviembre de 2024.
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Durante la audiencia, la magistrada Blanca Barreto acreditó como víctimas a la UNGRD, la Contraloría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, desestimando las protestas de la defensa de González, liderada por Iván Cancino.
El abogado pidió que no se tildara a su cliente de «prófugo», argumentando que se encuentra bajo asilo político. Sin embargo, el Gobierno colombiano ha sido enfático al señalar que el exmilitante del M-19 es requerido por delitos comunes y no por persecución política, manteniendo la presión para su extradición desde Managua.
Este capítulo judicial se suma a la indignación nacional generada por un video reciente donde se ve a González disfrutando de una «Noche Vallenata» en Nicaragua, evento presuntamente organizado por la Cancillería. Mientras la Procuraduría investiga si hubo complicidad diplomática en su fuga, la acusación en la Corte sigue su curso.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que la judicialización no se detendrá, sin importar que el exdirector intente evadir la justicia desde su cómodo refugio en el Palacio de los Cristales.
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