Sindicato de la UNP denuncia «desborde» de esquemas de seguridad en la JEP y menciona a esposa de Iván Cepeda

El presidente del sindicato de trabajadores de la Unidad Nacional de Protección (UTUNP), Wilson Javier Devia, arremetió este viernes contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por lo que llamó un «desborde» en la asignación de esquemas de seguridad, y puso en la mira a funcionarios administrativos de esa jurisdicción que, según su denuncia, gozan de protección pagada por la misma JEP.

El cuestionamiento, hecho a través de un extenso mensaje en X, llega un día después de la audiencia pública de seguimiento a las medidas de protección para firmantes del Acuerdo de Paz, en la que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció que la UNP deberá hacer estudios de riesgo para revisar más de 600 esquemas de protección y sentenció: «En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad». En esa misma diligencia, la consejera comisionada de paz, Viviane Morales, advirtió sobre los vacíos en la inversión para la implementación del Acuerdo.

Los señalamientos del sindicato

En su trino, Devia aseguró que hay «funcionarios que cumplen labores administrativas en la JEP» que cuentan con esquema de seguridad, y mencionó a «la señora Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda», quien, según el dirigente, «goza de un esquema de seguridad otorgado por la JEP». También señaló a una mujer identificada como Ángela, «que le maneja la fundación» al exsenador, y que de acuerdo con su denuncia también tendría esquema «con la cual hacen política».

Sobre Rueda, registros públicos indican que es casada con Cepeda y que desde 2018 trabaja como asesora del despacho del director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

El sindicalista también cuestionó que algunos intervinientes o comparecientes «llevan una década con el esquema de seguridad otorgado por la JEP» y contó que, en algunos casos, a personas privadas de la libertad se les otorgaban esquemas extensivos a la familia, con escoltas contratados por la UNP prestando el servicio «en las guarniciones militares donde permanecían recluidos los protegidos».

«¿Acaso eso no es derroche de los recursos del Estado? ¿Pagar escoltas y carros blindados para que estén acantonados en una brigada todos los días?», se preguntó.

«La JEP paga lo que ellos mismos se otorgan»

Devia aseguró además que todos los esquemas de protección asignados a intervinientes, comparecientes, abogados, testigos y demás población que atiende la JEP «son evaluados y recomendados por la misma JEP», y explicó que en 2017 esa jurisdicción creó unos cargos y un presupuesto paralelo para funciones que ya cumple la UNP.

«Por eso lo que hoy existe entre la UNP y la JEP es un convenio interadministrativo con el cual la JEP paga los que ellos mismos se otorgan», afirmó.

Por eso les sugirió a los magistrados revisar quiénes son los beneficiarios de esos esquemas y la función paralela de evaluación de riesgo que, dijo, «no es competencia de la JEP». «Ahí podrán encontrar personas que no necesitan seguridad y que no ostentan la calidad de intervinientes o comparecientes, y mucho menos son magistrados, pero que sí están gozando de medidas con esquemas de protección», agregó.

El mensaje iba dirigido, entre otros, al ministro Ordóñez, al presidente Abelardo De la Espriella, al director de la UNP, Didier Blanco, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía.

El otro lado de la moneda

La denuncia de Devia se conoce mientras él mismo enfrenta un proceso penal: en octubre pasado, la Fiscalía le radicó escrito de acusación por presuntamente haber cobrado dinero a protegidos y comisiones ilegales por vehículos cuando era coordinador del grupo de seguimiento a medidas de protección de la UNP, en hechos investigados entre 2013 y 2019. El organismo investigador lo señala de los delitos de concusión, peculado por uso y abuso de función pública, y el caso avanza hacia juicio oral.

Hasta el momento, la JEP no se ha pronunciado sobre los señalamientos del sindicato.

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