Pidió 30 días y la JEP le dio uno: citaron de nuevo a Sandra Ramírez por reclutamiento de menores

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó a Sandra Ramírez el aplazamiento de 30 días hábiles que su defensa había pedido para continuar su segunda versión libre dentro del Caso 07, el proceso que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por parte de las extintas Farc. La diligencia, que estaba programada para el jueves 12 de noviembre, quedó citada para el viernes 13 de noviembre a las 2:00 de la tarde, de manera virtual.

La petición la presentó el abogado de la exsenadora, Camilo Fagua, quien argumentó compromisos judiciales e institucionales, entre ellos otra audiencia ante la propia jurisdicción. La magistratura solo aceptó correr la fecha un día y le advirtió a la defensa que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la asistencia de la compareciente, pues su disponibilidad no puede generar nuevas demoras en el proceso.

En la decisión, la JEP recordó la importancia de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación dentro de los tiempos de la justicia transicional. Eso sí, la entidad dejó claro que la convocatoria no implica una imputación ni una declaración anticipada de responsabilidad: la diligencia busca esclarecer los hechos y establecer eventuales máximas responsabilidades.

¿Por qué Sandra Ramírez fue citada a declarar de manera virtual?

La JEP ordenó que la comparecencia de Sandra Ramírez se realice de forma remota porque la exguerrillera tiene un nivel de riesgo extremo, según una evaluación de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La magistrada Lily Rueda Guzmán explicó que la jurisdicción rechazó tanto el aplazamiento como la posibilidad de responder por escrito, aunque autorizó la conexión remota por razones de seguridad.

El director de la UNP informó, además, que se está reevaluando el reforzamiento del esquema de seguridad de la exsenadora y que la decisión «ya está por decidir en la mesa técnica». La virtualidad de la diligencia ha sido cuestionada por víctimas y opositores, que consideran que la compareciente recibe garantías que no tienen quienes la denunciaron.

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¿Qué pasó en la primera jornada de la versión?

La primera sesión de esta versión libre se realizó el 4 de noviembre y se extendió por cerca de ocho horas, también de manera virtual. En esa jornada, Ramírez negó haber tenido acceso a comunicaciones de los mandos de las Farc o haber participado en reuniones nacionales y de bloques, y afirmó que durante gran parte de su permanencia en la organización realizó labores como el cuidado de animales y la construcción de trincheras.

De acuerdo con el documento de la JEP conocido por la prensa, la Sala le exhibió a la exsenadora documentos en los que aparecería mencionada como delegada del Bloque Oriental y de dos frentes de la guerrilla, además de comunicaciones dirigidas a ella. La diligencia tuvo que suspenderse momentáneamente cuando la compareciente habría entrado en una crisis de estrés al escuchar los relatos de las víctimas.

Tras esa audiencia, Sara, una víctima de reclutamiento y violencia sexual que representa a 380 víctimas ante la JEP, la confrontó ante los medios: «El cinismo de Sandra Ramírez sigue», dijo, y la señaló de haber participado en la séptima y octava conferencias de las Farc, donde, según su testimonio, se definieron las políticas de planificación forzada y abortos dentro de la organización. «Las comunicaciones eran por radio HF y por cartas con códigos. Usted sí participó y tiene pleno conocimiento», afirmó.

La mujer también denunció que reportó amenazas ante la jurisdicción hacía cerca de tres meses sin recibir respuesta: «En vez de hacer nuestros estudios de seguridad y llegar al fondo de estas amenazas, nos ven a las víctimas como victimarios», declaró.

¿Qué investiga el Caso 07 de la JEP?

El Caso 07 cuenta con 11.277 víctimas acreditadas: 2.250 de forma individual y 9.027 de manera colectiva, a través de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano. La versión de Sandra Ramírez se da en la etapa final de contrastación de la segunda estrategia investigativa, centrada en cuatro patrones de violencia: tratos crueles, tortura, homicidios y juicios sin garantías; violencias reproductivas; violencias sexuales; y agresiones por prejuicios contra menores con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En octubre de 2024, la JEP imputó a seis antiguos miembros del último Secretariado de las Farc como máximos responsables por estos hechos, y en marzo de 2026 imputó a otros 20 exintegrantes de la antigua guerrilla por responsabilidades regionales en el reclutamiento y la utilización de menores. Hasta ahora, 26 antiguos integrantes de las Farc han sido llamados a reconocer su responsabilidad dentro de este caso.

Sandra Ramírez, viuda de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, fundador y máximo comandante de las Farc, fue senadora por el partido Comunes. La jurisdicción busca establecer si esa relación le otorgó una capacidad efectiva de influencia sobre otros integrantes de la organización y cuál fue el alcance de ese poder.

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