Abelardo De La Espriella pone la lupa en la DIAN: el rastro de 633 exportaciones que no cuadran

Abelardo de la Espriella ordenó reforzar los controles en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) después de conocerse la captura de siete personas por una presunta red de exportaciones ficticias. Entre los detenidos hay cuatro funcionarios de la entidad en Ipiales, Nariño, señalados de certificar la salida de mercancías que no habrían cruzado la frontera con Ecuador.

El presidente se pronunció a través de X sobre la investigación, que identificó 633 exportaciones falsas. Según explicó, ese mecanismo habría servido para justificar el ingreso a Colombia de más de $425 mil millones de posible origen ilícito, presentados como recursos derivados de operaciones de comercio exterior.

La revisión de documentos aduaneros y el cruce de información con las autoridades ecuatorianas fueron parte del trabajo que permitió detectar las inconsistencias. En los soportes aparecían cargamentos de aceite de palma y soya como exportados, pero no existían registros de su ingreso al país vecino.

La orden de Abelardo de la Espriella tras las capturas

Frente a esos hallazgos, el mandatario aseguró que dio instrucciones para fortalecer la vigilancia dentro de la DIAN y apoyar las actuaciones judiciales relacionadas con el caso. Su mensaje se concentró en la responsabilidad de los servidores públicos que eventualmente hubieran facilitado las operaciones investigadas.

«He dado la orden de fortalecer los controles y colaborar con la justicia hasta llegar al fondo de este entramado», manifestó. También sostuvo que no habrá personas intocables dentro de la entidad y advirtió que quienes usen el Estado para favorecer a estructuras criminales tendrán que responder ante la justicia.

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella se conoce después del operativo contra los presuntos participantes de la red. Las capturas no se limitaron a funcionarios: también fueron detenidos tres representantes legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como exportadoras.

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Mercancías en los papeles, pero sin cruzar la frontera

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las supuestas ventas al exterior se habrían registrado entre 2020 y 2023. Los cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados aparecían como enviados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, aunque las mercancías no habrían salido del territorio colombiano.

En el esquema estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Mientras las primeras figuraban como responsables de exportar los productos, la agencia habría tramitado las declaraciones y los documentos que respaldaban esas operaciones.

El papel atribuido a los funcionarios de la DIAN consiste en la presunta certificación falsa de la salida de las cargas. Esos soportes, según el ente acusador, habrían permitido presentar como reintegros por exportaciones recursos que llegaban desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú.

Así, el movimiento de dinero habría quedado respaldado por ventas internacionales que, para los investigadores, solo existían en la documentación. La cifra bajo investigación corresponde al dinero de posible origen ilícito que habría ingresado al país mediante ese mecanismo, no a una pérdida de impuestos cuantificada en el reporte.

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Los delitos que investiga la Fiscalía

Las siete órdenes de captura se hicieron efectivas en Cúcuta e Ipiales. En las diligencias participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN, y con apoyo del Ejército Nacional.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que declaró legales los procedimientos de captura. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

Además, la información recaudada fue remitida a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre los bienes y activos relacionados con el caso. Los señalamientos hacen parte de una investigación judicial y no equivalen a una condena contra las personas capturadas.