Montes de María: la JEP imputa a 11 exuniformados por 32 masacres y 284 asesinatos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos integrantes de la Armada Nacional y de la Policía Nacional como presuntos máximos responsables de 32 masacres cometidas en Montes de María entre 1999 y 2001, en las que fueron asesinadas 284 personas. La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se anunció el 10 de noviembre de 2026 y hace parte del subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública y los paramilitares.

Según la Sala, las masacres no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil. Ese patrón se desarrolló mediante un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales, que se manifestó en acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas y tolerancia operacional.

¿Qué determinó la JEP sobre Montes de María?

La investigación estableció que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las extintas Farc-EP. Esa estigmatización convirtió sus liderazgos, sus vínculos familiares, sus actividades productivas y sus formas de organización en criterios de sospecha y de selección de las víctimas, y produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial.

La Sala determinó que, además de los homicidios, se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y reproductivas y desplazamientos forzados. En 15 de las 32 masacres documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales y violencias contra mujeres y niñas, y estableció que existió persecución por razón de género: esas violencias fueron usadas para castigar, humillar y transmitir mensajes de terror sobre las víctimas, sus familias y sus comunidades.

En el subcaso se acreditaron 1.219 víctimas: 1.191 individuales y 25 colectivas. La JEP también reconoció como sujetos de derechos a dos territorios, Montes de María y el Canal del Dique, y a una Mesa de Participación de Víctimas.

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Las cifras de las masacres en Montes de María

Las 284 personas asesinadas en las 32 masacres determinadas por la Sala se distribuyen así: 169 en cuatro masacres ilustrativas y 115 en otras 28 masacres adicionales. Los lugares donde ocurrieron estos hechos terminaron convertidos en pueblos fantasma, porque sus habitantes se vieron obligados a desplazarse y abandonar sus territorios.

Estos son los cuatro hechos ilustrativos que examinó la Sala:

• Capaca, El Bongal y Campo Alegre: la masacre de los días 16 y 17 de agosto de 1999 dejó 13 personas asesinadas, una desaparecida y hechos de violencia sexual y basada en género.
• El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra: la incursión paramilitar de febrero de 2000 dejó al menos 60 víctimas mortales, además de desapariciones forzadas, torturas, violencias sexuales y desplazamientos forzados.
• El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Floralito, La Cañada, Berruguita y Macayepo: la incursión ocurrida entre el 9 y el 17 de octubre de 2000 dejó 13 víctimas mortales.
• Chengue: en enero de 2001, una incursión paramilitar dejó 28 homicidios, torturas, intimidaciones, quema de viviendas, violencia sexual y desplazamiento forzado. La comunidad había advertido reiteradamente a las autoridades estatales sobre el riesgo de una incursión.

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¿Quiénes son los 11 comparecientes?

La Sala atribuyó responsabilidad individual a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, tras examinar sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos y las acciones u omisiones concretas relacionadas con los hechos investigados.

Los comparecientes de la Armada Nacional son Rodrigo, Hernando Alfonso, Ricardo, Benjamín, Harold Afranio, Camilo, Jairo Alfredo, Bautista y Ramón Gerardo. Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocimiento Norman León y Paulo César.

Además, mediante la Resolución 01 del 30 de septiembre de 2026, la Subsala L dispuso la remisión temprana a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de las conductas atribuidas a Gregorio, Jorge Tadeo y Jaime Alberto, por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo.

¿Qué sigue tras la imputación de la JEP?

La JEP aclaró que esta atribución no constituye una declaración definitiva de responsabilidad penal. Los 11 comparecientes serán notificados y tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o para controvertir la imputación con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para formular observaciones.

Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir una Resolución de Conclusiones y remitirla al Tribunal para la Paz, que definiría las sanciones restaurativas. Si no reconocen, sus casos pasarían a la UIA y, de formularse acusación, el proceso avanzaría ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, donde podrían imponerse penas de hasta 20 años de cárcel.

La Sala también ordenó crear dos mesas técnicas: una con la Unidad para las Víctimas (UARIV), para revisar la reparación administrativa de las víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género, y otra con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), para coordinar la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas en Montes de María y municipios cercanos.