Invias, a responder por los huecos de la Medellín-Bogotá: tiene 6 meses para actuar

El Invias deberá adelantar las gestiones necesarias para recuperar la transitabilidad de la autopista Medellín-Bogotá, en el tramo entre El Santuario y Caño Alegre. Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia le dio parcialmente la razón a los transportadores que acudieron a la justicia para reclamar soluciones al deterioro de este corredor nacional.

La decisión responde a una acción popular presentada por Los Magníficos de la Ruta, un grupo que hace veeduría a la carretera. Los demandantes advirtieron que los huecos, las fallas del pavimento y los problemas de señalización representan un riesgo para quienes circulan por esta conexión entre Antioquia y el centro del país.

La Sentencia 112 del 9 de noviembre de 2026 estableció un plazo de seis meses, contados desde su ejecutoria, para que la entidad adelante las actuaciones técnicas, administrativas, presupuestales y contractuales necesarias. Esto implica que el término no debe contarse automáticamente desde la fecha en que se conoció la noticia.

¿Qué tendrá que hacer el Invias en la autopista?

La orden contempla una evaluación técnica actualizada para identificar los sectores deteriorados y determinar cuáles necesitan atención prioritaria por sus condiciones de riesgo. Con ese diagnóstico, la entidad deberá formular y ejecutar un programa de reparación y mantenimiento que dé prioridad a los puntos más afectados.

No se trata únicamente de anunciar recursos o suscribir contratos. Al estudiar el proceso, el Tribunal señaló que esas actuaciones deben traducirse en una recuperación efectiva de la carretera, pues por sí solas no acreditan el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento.

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Una vez termine el plazo fijado, el Invias deberá entregar un informe técnico con los soportes de las obras y actividades realizadas. La sentencia también dispuso la conformación de un Comité de Verificación para hacer seguimiento a su cumplimiento.

El Tribunal encontró comprometidos los derechos colectivos a la seguridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Su análisis se apoyó en informes de interventoría que documentaron las condiciones del corredor, no solamente en las apreciaciones de los veedores.

Los reclamos de los usuarios y la respuesta de la entidad

La acción popular fue presentada en agosto de 2025. En ella, los transportadores describieron huecos profundos, grietas, hundimientos, desniveles y fisuras en ambos carriles. También señalaron que parte de la demarcación horizontal estaba borrada y que algunas señales eran escasas, poco visibles o estaban en mal estado.

Los veedores cuestionaron que las intervenciones fueran principalmente puntuales y temporales. Además del riesgo vial, expusieron los gastos por daños en los vehículos y las pérdidas para el transporte de carga y pasajeros. Sus reclamos también incluyeron dificultades de movilidad para comunidades rurales que dependen de esta carretera.

Durante el proceso, el Invias defendió su gestión y negó que hubiera inactividad administrativa. Indicó que desde 2019 celebró cinco contratos de gestión vial integral, con inversiones superiores a $327 mil millones, y sostuvo que las afectaciones se relacionaban con el tránsito de vehículos pesados y las temporadas de lluvia.

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La entidad agregó que el contrato de gestión vial integral 1588 de 2025 contempla demarcación, instalación de tachas y señales de tránsito, además de servicios de grúa, ambulancia y atención de emergencias. Asimismo, argumentó que no todos los accidentes pueden atribuirse directamente a las condiciones del pavimento.

La interventoría, a cargo del Consorcio Intergestión AD, explicó que comenzó sus labores en septiembre de 2025 y que el deterioro ya existía antes de su llegada. Con las pruebas revisadas, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones y dejó una obligación concreta: priorizar los riesgos y demostrar las actuaciones para recuperar la transitabilidad de este tramo de la Medellín-Bogotá.