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La compañía minera Anglogold Ashanti, que actualmente está a cargo del proyecto Quebradona en el municipio de Jericó, al suroeste del departamento de Antioquia, está violando derechos humanos en el país.
Según el informe del Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, las empresas que están vinculadas con la violación a los derechos humanos en Colombia, aparecen en el informe que el relator de la ONU, Michael Forst, presentará mañana en Ginebra, Suiza.
Esta investigación evidencia que las empresas que hacen negocios en Colombia deben darse cuenta de que su sola presencia puede ser suficiente para desencadenar una serie de acontecimientos que lleven a que un defensor de los derechos humanos sea asesinado, torturado, violado o amenazado.
Dice el informe que “hacer negocios sin el debido cuidado de las comunidades y los trabajadores -incluso al no consultar a las comunidades o no tener mecanismos de reclamación accesibles- sólo hace más probable el silenciamiento brutal de sus representantes”.
DATOS PREOCUPANTES
Pero no sólo el informe trae los nombres de las empresas, también tiene datos muy preocupantes sobre los casos en los que las empresas, incluso, se han beneficiado de la represión a los activistas.
Por ejemplo, dice el informe, que Colombia entre enero de 2015 y octubre de 2019 se ubicó como el segundo país más peligroso del mundo en cuanto a ataques a los defensores de derechos humanos que trabajan en temas empresariales, teniendo el 9% de todos los casos a nivel mundial.
Pero además, se han registrado 181 ataques contra personas que plantean preocupaciones sobre la conducta o actividad de las empresas y al menos 72 líderes han sido asesinados por plantear problemas de derechos humanos relacionados con las empresas.
También señala el documento, que el 90% los ataques fueron contra los defensores de derechos humanos que plantean preocupaciones sobre la minería, los combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería, así como en plantas hidroeléctricas y represas. Las zonas con una alta inversión de estas industrias, según datos del Gobierno, también fueron las más peligrosos para estas personas.
El tipo de ataque más documentado fueron los asesinatos, seguidos de las amenazas de muerte, las golpizas y la violencia. La mayoría de las personas que fueron atacados eran dirigentes y miembros de las comunidades afectadas, sindicalistas y personas afrocolombianas e indígenas.
LAS EMPRESAS
Según el informe, las empresas que con mayor frecuencia fueron objeto de la defensa de los Derechos Humanos por parte de líderes y que fueron atacados en respuesta a ella, fueron AngloGold Ashanti, Big Group Salinas (BG Salinas), Cerrejón Coal (empresa conjunta no operada de Anglo American, BHP y Glencore), Ecopetrol, EPM y Frontera Energy (antes Pacific Rubiales).
En algunos casos, las empresas han contribuido presuntamente a los ataques. En la mayoría de los otros, los defensores han sido atacados debido a que su trabajo suscitaba preocupación por las operaciones de las empresas, pero se cree que estos ataques son llevados a cabo por actores que no están directamente vinculados a las empresas.
ALGUNOS CASOS DE ATAQUES
En 2019, los dirigentes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia denunciaron una campaña de desprestigio supuestamente pagada por EPM (Empresas Públicas de Medellín), por su activismo en oposición al proyecto hidroeléctrico «Hidroituango». Su portavoz, Isabel Cristina Zuleta, estuvo especialmente en peligro. En septiembre de 2018, dos miembros del movimiento fueron asesinados a tiros.
El 27 de noviembre de 2018, ocho líderes sociales que protestaban por las operaciones de la empresa petrolera Frontera Energy fueron detenidos, presuntamente por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, y llamados a juicio. Las ONG lo han denunciado y han solicitado la intervención internacional, pero el gobierno aseveró que pertenecían a un grupo de crimen organizado que utilizaba la protesta social como «fachada para acosar a las empresas de hidrocarburos».
El 30 de abril de 2019 se publicaron en Facebook dos panfletos difamatorios y amenazantes contra la organización social Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW). La organización se centra en denuncias del impacto negativo sobre el medio ambiente y los derechos humanos de la empresa minera Cerrejón, en el departamento de La Guajira y los panfletos estaban firmados por el grupo “Águilas Negras”.
RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS
Según el informe, y como mencionamos anteriormente, esto no quiere decir que las empresas sean siempre responsables de los ataques, sólo que los defensores de los derechos humanos han sido atacados porque han expresado su preocupación por las actividades empresariales. Sin embargo, “las empresas no operan en el vacío, son conscientes – o deberían ser conscientes – de que los críticos de su negocio o industria están en peligro y deberían trabajar para prevenir y mitigar estos ataques”.
RESPUESTA DE LAS EMPRESAS
Conocimos también las cartas que enviaron la semana pasada cada una de las empresas, en las que manifiestan su compromiso con la protección de los derechos humanos y responden al informe que las menciona como vinculadas a los ataques contra líderes sociales.
RECOMENDACIONES
Las empresas pueden y deben actuar ahora para escuchar y atender las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos, comprometerse a tener una tolerancia cero frente a la violencia contra ellos/as en sus cadenas de suministro y hablar en voz.
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