Gobernador de Antioquia pide la extradición de alias Primo Gay tras su captura en Briceño

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que la extradición de alias Primo Gay sea el siguiente paso tras su captura en zona rural del municipio de Briceño. Según el mandatario, los responsables de los hechos violentos atribuidos a esa estructura criminal deben responder ante la justicia. Las autoridades identifican al capturado como Néider Uñates, señalado cabecilla principal de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y enlace criminal con el Clan del Golfo.

La captura se conoció este sábado 14 de noviembre. Además del pronunciamiento del gobernador, el Ejército entregó detalles de los ataques que habría ordenado el señalado cabecilla y la Defensoría del Pueblo advirtió que su detención no garantiza la seguridad de las comunidades de Briceño.

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«Los criminales tienen que responder por sus atrocidades»

A través de su cuenta de X, Rendón reconoció el trabajo del presidente Abelardo De la Espriella y de la Fuerza Pública en el operativo que permitió detener al señalado cabecilla. «La extradición de alias “Primo Gay” debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades», escribió.

El gobernador aseguró que este resultado representa un mensaje para las víctimas de la violencia en Antioquia: las madres que perdieron a sus hijos, las familias desplazadas, los comerciantes extorsionados y los policías y soldados asesinados. A las comunidades afectadas por los grupos armados les envió un mensaje de tranquilidad.

La extradición de alias “Primo Gay” debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades.

Mi reconocimiento al presidente @ABDELAESPRIELLA , a la Fuerza Pública y a todos los que hicieron posible este golpe contra el crimen.

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 14, 2026

Lo que dijo el Ejército

El comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto, confirmó que Uñates tenía una trayectoria delictiva cercana a los diez años. Según explicó, comenzó como explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc y luego escaló hasta convertirse en su máximo cabecilla, además de actuar como enlace criminal del Clan del Golfo.

De acuerdo con el oficial, desde esa posición habría ordenado y ejecutado ataques con artefactos explosivos, instalación de minas antipersonal y atentados directos contra la Fuerza Pública. Esas acciones dejaron militares muertos y heridos en municipios como Anorí y San Andrés de Cuerquia.

El general Soto destacó que la captura fue resultado de una operación conjunta entre tropas del Gaula Militar, la Séptima División del Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, el operativo permitió afectar la línea de mando de estas organizaciones y frenar sus planes de expansión territorial en Antioquia. En su cuenta de X, el comandante describió al capturado como cabecilla principal de la subestructura 5 del GAO-r y enlace criminal del Clan del Golfo.

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La advertencia de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo saludó la captura, pero advirtió que la detención del señalado cabecilla no significa que hayan desaparecido los riesgos para los habitantes de Briceño. En su pronunciamiento señaló que el avance es fundamental, pero que los riesgos no han desaparecido.

La entidad recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ya había advertido sobre la grave situación humanitaria que enfrenta el municipio por las confrontaciones entre el Frente 36 de las disidencias, las denominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.

En ese documento se identificaron amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, instalación de minas antipersonal y restricciones a la movilidad. También se alertó sobre los riesgos para líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas.

Por eso, la Defensoría insistió en que las autoridades deben mantener y fortalecer las medidas de protección para la población civil, especialmente ante la posibilidad de retaliaciones, nuevas confrontaciones o desplazamientos forzados después de la captura.