¡Ya son seis días! Comerciante protesta encadenado frente a la Alcaldía de Caldas tras el cierre de su negocio

Desde hace seis días, un comerciante permanece encadenado en las escaleras de acceso a la Alcaldía de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, como forma de protesta por el cierre temporal de su establecimiento. El hombre sostiene que la medida fue adoptada en medio de un procedimiento que, según afirma, estuvo marcado por presuntas fallas administrativas y vulneró su derecho al debido proceso.

Se trata de John James Parra Monsalve, propietario de un local dedicado a la comercialización de repuestos para motocicletas, quien decidió permanecer frente a la sede de la administración municipal luego de que su negocio fuera sellado por un periodo de diez días.

De acuerdo con la versión del comerciante, difundida por medios locales, la situación comenzó cuando funcionarios de Espacio Público, acompañados por uniformados de la Policía, realizaron una inspección a su establecimiento mientras él se encontraba en Medellín. Al enterarse de lo ocurrido, emprendió el regreso hacia Caldas para atender el requerimiento de las autoridades.

El comerciante asegura que, incluso antes de llegar, envió de manera digital la documentación que le fue solicitada para demostrar que el establecimiento cumplía con los requisitos exigidos para su funcionamiento. Sin embargo, afirma que le indicaron que esos documentos debían ser entregados de forma física.

Cuando finalmente llegó al negocio, asegura que el procedimiento de sellamiento ya estaba siendo ejecutado. Según relata, presentó la documentación correspondiente, pero esto no modificó la decisión adoptada por los funcionarios, quienes continuaron con el cierre temporal del establecimiento.

El comerciante cuestiona la legalidad del procedimiento

Parra Monsalve sostiene que durante la diligencia se presentaron varias situaciones que, a su juicio, ponen en duda la legalidad del procedimiento. Entre ellas, señala que el acta habría sido diligenciada con la información de una persona distinta a él, pese a ser el propietario del negocio.

También afirma que en el documento fue identificada como responsable del establecimiento una mujer que, según explica, no tiene ningún vínculo jurídico con el local comercial, situación que considera constituye una irregularidad que debe ser revisada por las autoridades competentes.

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Otro de los puntos que cuestiona tiene que ver con las razones que motivaron la sanción. El comerciante rechaza haber ocupado el espacio público con motocicletas, como presuntamente habría quedado consignado durante la actuación administrativa, y asegura que cuenta con la documentación necesaria para demostrar que su establecimiento opera conforme a la normativa vigente.

Continúa la protesta mientras espera una respuesta oficial

Mientras espera una respuesta oficial, decidió permanecer frente a la Alcaldía de Caldas como mecanismo de presión para que su caso sea revisado. Desde el pasado 27 de junio permanece encadenado a una baranda ubicada en la entrada principal del edificio, donde ha pasado los días y las noches a la intemperie.

El comerciante manifestó que inició una huelga de hambre como parte de su protesta y aseguró que únicamente consume agua mientras continúa reclamando que se reevalúe el procedimiento que terminó con el cierre de su negocio.

Adicionalmente, Parra Monsalve denunció presuntas exigencias de dinero por parte de algunos funcionarios de Espacio Público para evitar inspecciones a establecimientos comerciales. Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades y no existe un pronunciamiento oficial sobre dichas acusaciones.

Frente a la situación, la Personería de Caldas expresó su disposición para intervenir como mediadora y facilitar un acercamiento entre las partes involucradas, con el propósito de que el caso pueda ser analizado y se esclarezcan las inconformidades planteadas por el comerciante.

Entretanto, John James Parra Monsalve insiste en que su protesta no busca otro objetivo distinto a que las autoridades revisen la actuación administrativa adelantada contra su establecimiento y determinen si el procedimiento cumplió con todas las garantías previstas por la ley.