Foto de archivo.
Minuto30.com .- A pocos días de las elecciones presidenciales, los cuestionamientos legales sobre el comportamiento del presidente Gustavo Petro han escalado a una nueva fase institucional. Este 26 de mayo de 2026, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, ordenó la apertura formal de una investigación penal de oficio contra el mandatario.
Mediante un documento oficial, la congresista instruyó al secretario de esta célula legislativa, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, para que asigne de inmediato el número de radicado correspondiente y se inicie el trámite procesal de rigor.
El Congreso ha señalado que se encuentra ante la «obligación legal» de iniciar esta actuación penal. El proceso se ampara en las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5ª de 1992, bajo la tipicidad del delito de Intervención en Política, el cual se encuentra consagrado en el artículo 422 del Código Penal colombiano.
Esta nueva línea de investigación penal avanza de manera paralela a otras acciones en su contra, sumándose a cinco procesos disciplinarios formales que ya se acumulan por presuntas vulneraciones a la neutralidad que exige la figura presidencial.
La apertura de esta causa de oficio tiene su origen en las constantes declaraciones públicas y publicaciones del jefe de Estado en sus redes sociales, donde habría emitido juicios de valor e instrucciones veladas de cara a la contienda electoral.
La oposición y diversas organizaciones ciudadanas han aportado un robusto expediente audiovisual y documental. Entre los episodios clave que motivaron la investigación se encuentran:
El discurso en Cúcuta: Intervenciones públicas donde el presidente afirmó textualmente: «De pronto ganamos nosotros, el Gobierno, las elecciones».
Difusión de propaganda política: La publicación abierta en sus redes sociales, de videos correspondientes a cierres de campaña de candidatos de su propia corriente, como el caso del senador Iván Cepeda en Barranquilla.
Para evaluar si esta conducta sistemática del presidente configura una violación flagrante a las restricciones constitucionales que le prohíben participar en controversias partidistas, se designó a tres representantes instructoras con diferentes posturas políticas frente al Gobierno:
Katherine Miranda: Congresista independiente que recientemente se ha apartado y mostrado críticas hacia el gobierno Petro.
Karyme Cotes: Representante del Partido Liberal, considerada cercana a la administración actual.
Gloria Elena Arizabaleta: Integrante del Pacto Histórico, exesposa de Roy Barreras y quien preside la Comisión.
Este equipo tendrá la tarea de determinar el futuro jurídico del mandatario frente a estas graves acusaciones en plena recta final de la campaña por la Presidencia.
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