El reconocido influencer colombiano Luis Villa, más conocido como Westcol, enfrenta un inminente proceso de desacato judicial que podría llevarlo a prisión por hasta seis meses y acarrearle una multa de 20 salarios mínimos. La grave situación se deriva de su presunto incumplimiento a una orden de la Corte Constitucional, que le exigía participar en un curso pedagógico sobre derechos humanos y diversidad sexual.
La controversia se remonta a septiembre de 2022, cuando Westcol generó una fuerte polémica al publicar en YouTube un video titulado “¿Y si mi hijo sale trans?”. En dicho material, el streamer pronunció comentarios calificados como discursos de odio, al afirmar que “empalaría a su hijo” si fuera trans y que “llenaría de balazos” a una pareja gay que visitara su casa.
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Estas expresiones motivaron una acción de tutela presentada por el activista José Francisco Montufar, la cual culminó con un fallo de la Corte Constitucional en contra de Westcol. El alto tribunal determinó que el influencer vulneró los derechos fundamentales de la población LGBTIQ+ y le impuso tres medidas reparadoras: ofrecer disculpas públicas, divulgar la sentencia en todas sus redes sociales y realizar una capacitación sobre derechos humanos de personas diversas, impartida por el Ministerio de Justicia.
Aunque Westcol publicó una disculpa en Instagram, esta no fue compartida en YouTube, plataforma donde se originaron los comentarios ofensivos. Sin embargo, la preocupación principal radica en que, hasta la fecha, el influencer no ha presentado la certificación de haber realizado el curso pedagógico, lo que llevó al Juzgado Noveno Penal de Ibagué a activar el proceso de desacato.
Según Montufar, “el curso no ha sido demostrado ni enviado al juzgado”, lo que ha reactivado la solicitud judicial. El juzgado le otorgó a Westcol un plazo de tres días para responder, el cual vence precisamente hoy.
El caso de Westcol es considerado un precedente importante en la lucha contra la violencia digital hacia la población LGBTIQ+. La falta de cumplimiento del influencer pone en entredicho la efectividad de las sanciones judiciales en el ámbito de las redes sociales y resalta la importancia de la voluntad institucional para garantizar la dignidad y seguridad de estas poblaciones, como lo señaló Montufar.
Además de la posible sanción por desacato, Westcol enfrenta dos denuncias adicionales: una civil y otra penal por injuria y vías de hecho, lo que podría complicar aún más su situación legal.
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