Minuto30.com .- El fantasma de los seguimientos ilegales recorre nuevamente la Casa de Nariño. El senador David Luna encendió las alarmas nacionales al radicar un derecho de petición ante la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), exigiendo claridad sobre la existencia de una presunta estrategia de espionaje denominada «Operación Grecia».
Según la denuncia de Luna, esta operación tendría como fin el seguimiento, perfilamiento e intervención de comunicaciones de líderes de la oposición, incluyendo su propio nombre.
La advertencia de Luna surge apenas horas después de que el presidente Gustavo Petro admitiera públicamente poseer informes de inteligencia sobre opositores, específicamente mencionando al candidato Abelardo de la Espriella y sus presuntos vínculos con Thomas Greg & Sons.
Para David Luna, esta admisión es la prueba reina de un abuso de poder: «El Presidente reconoce que tiene informes de inteligencia sobre opositores y su exdirector de inteligencia está prófugo de la justicia. Esto es un abuso de poder idéntico al que Petro tanto denunció», sentenció el senador.
Existencia de «Operación Grecia»: Exige que la DNI confirme o desmienta si existe este plan de inteligencia y cuál es su marco legal.
Rastreo Personal: Solicita saber si su nombre (David Luna) ha sido objeto de recolección, procesamiento o análisis de información por parte del Estado.
Transferencia a la UNP: Pide informar si la data recolectada ha sido compartida con la Unidad Nacional de Protección, lo que sugeriría un uso cruzado de información de seguridad para fines políticos.
«Tanto criticó para llegar a hacer lo mismo», afirmó Luna, comparando las actuales tácticas del Gobierno con los escándalos de interceptaciones de gobiernos anteriores que Petro combatió como congresista.
La gravedad de la denuncia de Luna radica en que, de confirmarse la «Operación Grecia», el Gobierno entraría en una crisis de legitimidad profunda por el uso de recursos públicos para perseguir contradictores políticos.
La mención de un exdirector de inteligencia prófugo añade un tinte criminal a la estructura que hoy maneja la información más sensible de los colombianos.
Desde la oposición, el mensaje es claro: no permitirán que la inteligencia estatal se convierta en la «policía política» del Ejecutivo.
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