Diputados de la Asamblea de Antioquia realizaron este miércoles un debate de control político a la crisis carcelaria que atraviesa el departamento, esta vez con miras a proponer soluciones que permitan superar la difícil situación.
“Hoy el hacinamiento en Antioquia, además de los principales centros penitenciarios se extiende a los diferentes municipios. Hay un 53% de hacinamiento, y es muy lamentable”, explicó el diputado Saúl Úsuga.
Como lo explicó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, la situación de hacinamiento no es ajena a las 21 estaciones de policía de Medellín, donde a la fecha hay más de 1000 personas recluidas. “Muchos de ellos llevan hasta siete y un año” en dichos lugares, que se supone son lugares de reclusión transitorios, tal como lo indicó Carmona.
El hacinamiento provoca situaciones adversas en el cubrimiento de las necesidades básicas de los reclusos, que tienen pico y placa para dormir, no reciben adecuada alimentación ni atención en salud y se ven obligados, incluso, a lavar sus platos en los sanitarios. Así mismo, la crisis afecta a los trabajadores del Ipec, que se ven expuestos a condiciones laborales lamentables y a una sobrecarga de trabajo.
Para subsanar esta situación, algunas de las propuestas se basan en estrategias de prevención y en reformas que permitan la excarcelación de delitos menores. Más de 4.000 reclusos en Antioquia están presos por hurto y mas de 1700 por micrótrafico, delitos que en algunos casos, para el diputado Úsuga, podrían ser excarcelables.
El proyecto de construir una nueva cárcel en el municipio de Yarumal, financiada por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, divide opiniones.
Para el diputado Úsuga, la iniciativa se presenta como una alternativa real para la resocialización de los reclusos, que tendrían en dicho establecimiento un lugar para trabajar y estudiar. Recordemos que la nueva cárcel albergará solo a personas que deseen participar de procesos productivos y académicos.
Por su parte, el líder de derechos humanos Jorge Carmona consideró que elevar un nuevo centro penitenciario es un “pañito de agua tibia”, no una solución de fondo.
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