¡Varado en Madrid! Al avión presidencial le negaron combustible durante su escala técnica

El impacto de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton dejó de ser solo político y diplomático, para materializarse en un severo contratiempo logístico que afectó el viaje oficial del mandatario a Oriente Medio.

El incidente se registró en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, España, donde el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, en el que se movilizaba el jefe de Estado, se enfrentó a la negativa de varias compañías para suministrarle combustible.

La Sanción se Materializa en España

La dificultad logística surgió debido a que las empresas proveedoras de combustible, en su mayoría de capital estadounidense, se vieron obligadas a acatar las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Según informó el director de La W, Julio Sánchez Cristo, el problema se originó porque “varias de las compañías que dan servicio en Madrid son norteamericanas”, obligando a la aeronave presidencial a buscar una alternativa de reabastecimiento.

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El impasse puso en jaque el itinerario de la comitiva. Ante la emergencia, fue necesaria la intervención directa del Gobierno español. El avión presidencial tuvo que ser trasladado a una base, donde finalmente se le suministró el combustible necesario para continuar su ruta.

De acuerdo con altas fuentes cercanas a la Casa de Nariño, esta restricción subraya el alcance inmediato de la Lista OFAC, que no solo recayó sobre el presidente Gustavo Petro, sino también sobre la Primera Dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Reacción del mandatario

El contratiempo logístico en la gira internacional se suma al clima de incertidumbre que Petro ha generado en el país. En medio de su viaje, el presidente utilizó su cuenta de X para lanzar un desafío directo a las entidades financieras colombianas ante el temor de posibles cierres de cuentas derivados de la sanción estadounidense.

El presidente se preguntó si los bancos nacionales “obedecen la ley de un país extranjero o a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Corte Constitucional”, planteando un escenario de potencial conflicto entre la jurisdicción local y las regulaciones impuestas por Washington.