Minuto30.com .- Este jueves 18 de diciembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La decisión se da en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La magistrada Aura Alexandra Rosero ordenó la captura inmediata de los exfuncionarios del gobierno del presidente Petro, tras señalar que la Fiscalía General incurrió en un error técnico al solicitar inicialmente la detención domiciliaria. La togada aclaró que la prisión domiciliaria debe ser siempre una medida secundaria o sustitutiva y no la principal en casos de esta magnitud.
De acuerdo con la investigación, los exministros habrían participado en el desvío de millonarios contratos de obra, infraestructura e intervención. Estos recursos, administrados por la UNGRD y el Invías, habrían sido utilizados presuntamente para «comprar» los votos de un grupo de congresistas, favoreciendo intereses políticos y particulares.
La magistrada consideró que, dada la gravedad de los hechos que involucran actos de corrupción administrativa y el uso indebido de recursos públicos, era necesaria una medida de aseguramiento más rigurosa. El tribunal enfatizó la importancia de proteger la integridad de los procesos de contratación estatal frente a este tipo de conductas.
A los exministros se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos. Estas acusaciones sostienen que los implicados habrían facilitado la entrega de sobornos a funcionarios públicos para asegurar la adjudicación de contratos específicos.
Es importante recordar que en la audiencia celebrada el pasado primero de diciembre, tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía. A pesar de su declaratoria de inocencia, el proceso judicial avanza ahora con los procesados tras las rejas.
La decisión ha generado un fuerte impacto político, al tratarse de dos de los alfiles más importantes del actual Gobierno Nacional. La justicia busca ahora determinar el alcance total de la red de corrupción que operó dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Finalmente, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá reafirma el compromiso de las instituciones por esclarecer el destino de los fondos de emergencia que debían atender a las poblaciones más vulnerables del país y que terminaron, presuntamente, en manos de políticos y contratistas.
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