Foto de archivo y Policía Nacional.
Minuto30.com .- En una movida judicial y política de alto impacto para la política de ‘Paz Total’, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha elevado una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación para suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC.
La información, revelada en primicia por Blu Radio, confirma que esta polémica petición incluye la suspensión de requerimientos internacionales, es decir, frenaría temporalmente las solicitudes de extradición que pesan sobre varios de estos cabecillas.
El dato que mayor revuelo ha causado es que dentro del listado de los 29 miembros beneficiados con esta eventual medida se encuentra el máximo líder de la estructura criminal: Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido en el mundo del crimen bajo el alias de «Chiquito Malo».
Este cabecilla asumió el mando absoluto del Clan del Golfo tras la captura y posterior extradición a los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel».
De acuerdo con los detalles conocidos sobre la solicitud del Ejecutivo, el levantamiento temporal de estas órdenes judiciales tiene un propósito logístico y de acercamiento de paz.
El Gobierno busca facilitar las garantías de movilidad y seguridad para que la cúpula de esta organización armada ilegal pueda trasladarse sin riesgo de ser arrestada hacia las denominadas zonas de ubicación temporal. Según la información revelada, este traslado y concentración estratégica de los cabecillas está programado para el próximo 25 de junio.
La decisión final sobre si se levantan o no estas órdenes recae ahora sobre la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá evaluar la viabilidad jurídica de la petición, especialmente en lo que respecta a la suspensión de los trámites de extradición vigentes con países aliados como Estados Unidos.
Este paso representaría uno de los avances más significativos, y a la vez controversiales, en los intentos de negociación y sometimiento a la justicia del grupo armado con mayor despliegue territorial y capacidad armada en el país.
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