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La situación judicial de Carlos Ramón González Merchán, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, se complica aún más. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia una acción de tutela con la que González buscaba dejar sin efectos la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá por el escándalo de corrupción de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).
La Sala de Decisión de Tutelas n.º2 de la Sala de Casación Penal determinó que no existían elementos para conceder el amparo constitucional, que alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso y la defensa.
La negativa de la Corte ratifica la orden de reclusión preventiva y se suma a una medida internacional de gran peso: la expedición de una circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González.
Esta alerta internacional, avalada por la oficina central en Lyon, Francia, autoriza a las fuerzas policiales de 196 países a localizar y detener a González, integrante del partido Alianza Verde.
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El exfuncionario de 66 años enfrenta acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales relacionadas con el escándalo de la UNGRD, un caso que se ha tornado central en la agenda política y judicial del país.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra González el 21 de mayo, solicitando posteriormente su detención en un centro penitenciario, petición que fue aprobada. Aunque la Fiscalía inició el trámite de apoyo internacional en julio, la circular roja se confirmó recientemente, acelerando los procedimientos para la eventual captura y extradición de González.
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